Reacción política ante sentencia
03/07/2025 | 18:24 | El fallo de la jueza Loretta Preska obliga a Argentina a ceder el 51% de YPF en pago por una condena de 16 mil millones, violando la inmunidad soberana y las leyes locales.
El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y el diputado nacional Gerardo Milman presentaron proyectos de declaración para manifestar su rechazo y preocupación por la sentencia emitida por la jueza de Nueva York Loretta Preska. Esta decisión ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de una condena de 16 mil millones de dólares en relación al proceso de expropiación de la empresa de hidrocarburos en el año 2012.
El proyecto presentado por los diputados nacionales de la UCR, liderado por el mendocino Lisandro Nieri, sostiene que la resolución de un tribunal extranjero " pone en riesgo la soberanía nacional y el patrimonio público".
Los autores de la iniciativa expresaron su rechazo a esta decisión judicial extranjera, señalando que vulnera el principio de soberanía jurisdiccional e inmunidad soberana y contraviene tratados internacionales de los que ambos países forman parte.
Según advirtieron, el fallo "ignora la legislación interna argentina, específicamente la Ley Nº 26.741 que declara de interés público la expropiación de acciones de YPF y establece claramente la necesidad de autorización del Congreso Nacional" con mayoría agravada para cualquier posible transferencia de acciones expropiadas.
Consideraron que esta sentencia "interfiere con asuntos internos de otro Estado, en violación a principios del derecho internacional público".
La jueza Preska, según indicaron, intenta eludir este requisito legal al afirmar que Argentina puede modificar su legislación o sentarse a negociar, lo que constituye "una inaceptable intromisión en las competencias del Poder Legislativo Nacional". Recalcaron que el Congreso de la Nación, como representación de la soberanía del pueblo argentino, no puede ignorar una situación que afecta directamente sus facultades constitucionales.
Además de Nieri, el proyecto cuenta con la firma de Julio Cobos, Karina Banfi, Natalia Sarapura, Fabio Quetglas, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Atilio Benedetti y Gerardo Cipolini.
Milman, por su parte, también rechazó el fallo, indicando que impone una "carga financiera desproporcionada y lesiva para la soberanía nacional".
El diputado subrayó que esta medida implica "una grave intromisión en los asuntos internos de la República Argentina, violando principios fundamentales del derecho internacional", que impiden que tribunales extranjeros intervengan en decisiones soberanas de otros países.
En sus fundamentos, Milman atribuyó la responsabilidad del fallo a la "gestión imprudente y opaca" de la entonces presidenta Cristina Fernández y su asesor, el ex viceministro de Economía, Axel Kicillof. Ambos, según el diputado, impulsaron la expropiación de YPF en 2012 sin acatar el estatuto de la empresa ni llevar a cabo una oferta pública de adquisición, como era requerido.
Si bien el Congreso actuó para defender la soberanía energética, Milman consideró que la responsabilidad política y jurídica de las consecuencias actuales recae sobre el Poder Ejecutivo de aquel entonces, el cual llevó a cabo una maniobra que ignoró las obligaciones estatutarias de YPF y causó un daño económico considerable al país.
El artículo que facilitó la entrada del Grupo Petersen sin exigir una oferta pública de adquisición debe ser revisado, pues fue el origen del litigio internacional que hoy compromete gravemente los intereses nacionales, puntualizó.
Finalmente, se mostró a favor de que la Justicia argentina avance en el proceso en el fuero federal, particularmente contra aquellos funcionarios que orquestaron la maniobra que perjudicó al Estado argentino.
Más allá de las responsabilidades del Gobierno kirchnerista en la expropiación, Milman opinó que "la decisión de la jueza es arbitraria, desconoce el orden constitucional argentino y vulnera la división de poderes". Añadió que la entrega de acciones está claramente restringida por la Ley 26.741, que señala que el Estado no puede transferir su participación en YPF sin el consentimiento del Congreso con mayoría agravada.