Conflicto legislativo actual
28/06/2025 | 18:02 | En los últimos dos meses, el oficialismo en Diputados se encuentra acorralado por una variedad de partidos opositores que han tomado el control de la agenda legislativa.
La Libertad Avanza (LLA) ha enfrentado serias dificultades para establecer su liderazgo en la Cámara de Diputados durante más de dos meses. Un conglomerado heterogéneo de fuerzas opositoras se ha apoderado de la agenda legislativa, limitando las acciones del oficialismo al aprobar proyectos significativos relacionados con jubilaciones y discapacidad.
El 19 de marzo, con el apoyo de aliados, LLA logró sancionar un DNU que permitía acordar con el FMI la renegociación de la deuda y el fortalecimiento de reservas, marcando este evento como su único logro destacado en lo que va del año.
A partir de esa sanción, los bloques opositores más influyentes, entre ellos la Unión por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre, liderados por Martín Lousteau y Facundo Manes, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, conformaron un equipo que ha puesto en jaque a la LLA.
Si bien su dinámica recuerda al Grupo A, que surgió tras la derrota del kirchnerismo frente al campo, no poseen el control sobre comisiones clave del cuerpo legislativo, a diferencia de ese periodo.
Desde abril, la oposición ha mantenido acorralado al oficialismo y sus aliados del PRO y radicales, logrando la creación de una comisión investigadora sobre la controversia de una criptomoneda. A pesar de que no han logrado avances significativos, han conseguido poner este asunto sobre la mesa y aprobar las leyes relacionadas con jubilaciones y discapacidad.
Según fuentes de la oposición, la LLA se encuentra en una situación delicada, intentando evitar que la situación empeore mientras esperan que la pausa legislativa y la campaña electoral frenen la actividad parlamentaria, convencidos de que en diciembre podrán conformar un bloque que equilibre las fuerzas.
Fuentes cercanas al Congreso, consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, afirmaron que la LLA no ha podido forjar acuerdos necesarios para avanzar en iniciativas fundamentales para el Gobierno, como la propuesta de Inocencia Fiscal. Esta propuesta busca garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos que manejan dólares no declarados ante el fisco.
Este proyecto, que se remitió el 5 de junio, aún no ha logrado convocar al plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General para iniciar su discusión, enfrentando serias dificultades para obtener las firmas necesarias en la comisión de Presupuesto.
Los representantes de LLA creían que con un tercio de la cámara podían respaldar cualquier veto del Gobierno, tal como ocurrió en el año anterior cuando el Gobierno desestimó leyes de aumento de jubilaciones y del presupuesto universitario.
El problema radica en que LLA cuenta con solo 39 legisladores y su respaldo se reduce a unos 22 del PRO más afines al oficialismo, ya que otros dos pertenecen a Horacio Rodríguez Larreta y diez son macristas. Además, tiene el apoyo de tres del Mid, seis radicales pelucas, un representante de Somos Fueguinos y otro de Creo, totalizando 72 de los 87 que se requieren para validar vetos.
Sin embargo, los ocho de Innovación Federal, quienes responden a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones, así como los tres de Independencia vinculados al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y los dos de Producción y Trabajo, han sido reacios a apoyar al oficialismo.
El proyecto de jubilaciones fue aprobado con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones provenientes de la UCR y el PRO.
Durante esa votación, aliados del oficialismo, como el Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, Transformación y por Santa Cruz, vieron a dos de Innovación votar en contra del Gobierno. El grueso de la UCR se abstuvo y una decena de miembros del PRO también hizo lo mismo.
En la actualidad, el enfoque del oficialismo en Diputados también se dirige al Senado, donde espera que aliados puedan demorar la sanción de los proyectos de jubilaciones y discapacidad o, de lo contrario, que el Gobierno deberá recurrir al veto.
PROYECTO JUBILATORIO
La presidenta de la Comisión de Previsión Social del Senado, Carmen Álvarez Rivero, pretende coordinar con su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, para dar inicio esta semana a la discusión del proyecto de jubilaciones, el cual propone un incremento del 7,2% que se incorporará al haber mensual y servirá de base para futuros aumentos.
Asimismo, se estipula que el haber mínimo de 70 mil pesos se elevará a 110 mil, con actualizaciones según la inflación como en el resto de las asignaciones jubilatorias.
El proyecto aprobado reafirmó el decreto presidencial 274/2024, que establece que las jubilaciones y pensiones serán actualizadas de acuerdo con el índice inflacionario.
También incluye modificaciones fiscales que, según los opositores, ayudarían a equilibrar el impacto fiscal. En particular, solo el aumento destinado a jubilados representa el 0,8% del PBI, lo que se traduce en cerca de 6.800 millones de pesos.
Entre las propuestas se encuentra la derogación de la exención del IVA para directores de empresas, la eliminación de beneficios fiscales para sociedades de garantía recíproca, así como la readecuación de partidas financieras para utilizar 32.616 millones de pesos que corresponde a la SIDE.
Además, se plantea emplear el ahorro de la baja de tasas del FMI y la nacionalización de los ingresos derivados de los registros automotores.
Otro aspecto relevante del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias, estipulando que la Anses transferirá a las provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación, un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año, lo cual representa un impacto del 0,5% del PBI.