La Justicia ordenó que la Policía porteña custodie la próxima marcha

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no dirigirá el operativo policial programado para este miércoles durante la marcha de jubilados. Esta decisión fue tomada por el juez porteño Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gallardo actuó a raíz de un grupo de gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los cuales presentaron recursos legales para evitar la participación de fuerzas federales.

El magistrado ordenó al Gobierno de la Ciudad y al jefe porteño, Jorge Macri, que se abstenga de permitir la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, argumentando que tal acción iría en contra de la autonomía local y del papel de la Policía de la Ciudad. En este contexto, el juez clarificó que la administración encabezada por Macri será responsable del operativo de seguridad durante la movilización prevista para el día 9, la cual coincide con el paro general convocado por la CGT.

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En su resolución, Gallardo resaltó la necesidad de garantizar “la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes” en la ciudad, lo que implica la coordinación de un operativo que asegure “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”. 

Se especificó también que las fuerzas federales solo deberían hacer cargo de la custodia de ciertos “objetivos federales”, limitando su jurisdicción a estos y no al área urbana circundante.

Gallardo subrayó que su fallo no corresponde a una mera pretensión de control institucional, sino que responde a una solicitud concreta de tutela judicial urgente en vista de un riesgo tangible. Este riesgo, relacionado con derechos fundamentales de los asistentes a la marcha, no es hipotético, sino que se sustenta en hechos pasados y previsibles que muestran la necesidad de proteger la integridad física y la libertad de expresión de los ciudadanos que participen.