Investigan a financieras por compra millonaria de dólares durante el cepo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) avanzan en una investigación reservada sobre compras de dólares oficiales autorizadas durante los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández, en pleno cepo cambiario. 

La operatoria, que involucra al menos US$1400 millones, pone el foco en nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas, con posibles delitos que van desde infracciones cambiarias hasta lavado de activos.  

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El BCRA analiza presentarse como querellante en una causa judicial que tramita en el juzgado de María Romilda Servini.

Esta pesquisa, que podría destapar una red de entidades financieras y dirigentes políticos afines, surge de reportes del propio BCRA y abarca operaciones que, en un 85% de los casos, no se relacionan con importaciones simuladas -un problema ya conocido-, sino con compras directas de dólares para tenencia o pago de préstamos y depósitos de ahorristas. Mientras la economía argentina enfrentaba escasez de insumos y una deuda por importaciones que alcanzó los US$45.000 millones, estas entidades accedían a divisas oficiales a través de la "mesa del Banco Central", dirigida por Carlos Fabián Sgarbi.

El escándalo resalta contrastes dramáticos: durante 2023, el año principal bajo análisis, artistas como Coldplay tuvieron dificultades para cobrar sus presentaciones en el país, y el sistema de salud sufrió graves faltantes. El 27 de octubre de ese año, seis entidades médicas de cardiología emitieron un comunicado alertando sobre la escasez de insumos y material de contraste, que impedía procedimientos cardiovasculares.

Aun con el cepo, la normativa permitía accesos limitados al dólar ahorro y a entidades financieras para reponer depósitos. Sin embargo, las autorizaciones -registradas en el sistema- generan controversia: empleados del BCRA afirman que seguían órdenes del directorio, presidido por Miguel Pesce y con vicepresidentes como Sergio Woyecheszen y Jorge Carrera. 

Durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, el directorio interactuaba estrechamente con el Palacio de Hacienda, e incluía a figuras como Claudia Berger, Zenón Alberto Biagosch, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis, Claudio Martín Golonbek, Lisandro Cleri y Betina Susana Stein.

Consultado por La Nación, Pesce defendió la gestión: "Cerramos 136 operadores de cambio. Pusimos nuevas normas, aumentamos la exigencia de capital, introdujimos un régimen informativo específico y una autorización para el traspaso accionario. No hay que olvidar que el gobierno de Macri había desregulado el sector y con eso abrieron 200 operadores nuevos. El mercado de cambios mueve US$1000 millones. En momentos de incertidumbre, no darle dólares a un banco que los solicita mete mucho ruido y puede generar una corrida. Después hay que seguir la trazabilidad. A las agencias que no cumplieron, las cerramos y se llevaron adelante los sumarios y reportes correspondientes".

La causa judicial, iniciada por una denuncia de la UIF en noviembre de 2024, se centra en 18 casas de cambio que compraron dólares a través de dos bancos entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. Según la denuncia, estas operaciones "pondrían en crisis su origen y licitud". 

El fiscal Carlos Stornelli, quien no tiene delegada la investigación, solicitó en diciembre de 2024 datos sobre empresas y 13 personas clave, destacando interconexiones que sugieren una "asociación ilícita".

Entre los nombres mencionados figuran Elías Piccirillo, operador financiero ligado a Sur Finanzas y la AFA; Carlos Emilio y Juan Bautista Melzi, dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Rubén Eslaiman, con vínculos en Karuna Group y Multicambio SA; Juan Ignacio Agra, director de Mega Latina (que, junto a Stema Cambios, compró US$508 millones en ocho meses); y otros como Valeria Fabiana Fernández, Marina Alejandra Bocca, Maximiliano Eric Mitroff, Loreley Cielo Dixon, Lucas Bautista Cora, Carolina Luján Medina, Lola y Julieta Berrocal, Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra, Matías Ezequiel Bocca y Elías David Piccirillo.

Estas conexiones incluyen poderes societarios, auditorías compartidas y relaciones familiares o laborales, como la de Natalia Carolina Eslaiman (hija de Héctor Eslaiman) contratada por Karuna Group. El BCRA busca aportar pruebas adicionales para sumarse como querellante, mientras la UIF perdió esa facultad por un decreto de 2024 que generó controversias internas en el Gobierno y le costó el cargo a Ignacio Yacobucci.

La investigación, que avanzó con allanamientos pero sin filtraciones públicas, podría revelar la "punta de la madeja" de causas mayores por lavado, conectadas a Sur Finanzas, la AFA y la Agencia por Discapacidad. Fuentes del BCRA consultan expertos en lavado para fortalecer el caso, en un contexto de información sensible para el sistema financiero.