Desacato potencial y postura legal
02/07/2025 | 12:30 | El Ejecutivo argentino confirmó que no entablará negociaciones con acreedores hasta contar con una resolución judicial definitiva sobre el fallo que ordena ceder acciones de YPF.
El reciente fallo contra Argentina por la expropiación de YPF reafirmó la política de Estado adoptada por el país, que asegura agotar todas las instancias legales sin entrar en negociaciones ni realizar pagos a los beneficiarios, lo que reitera el riesgo de ser declarado en desacato.
Tras la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a trasmitir el 51% de las acciones de YPF a quienes se benefician del fallo, el presidente Javier Milei anunció de inmediato la apelación.
Asimismo, el Gobierno envió una carta a la magistrada solicitando la suspensión del fallo, y confirmó que presentará la apelación formalmente en los próximos días. Se reiteró que no se entablarán negociaciones con los acreedores hasta obtener una resolución legal definitiva.
Con esta actitud, se refuerza la estrategia legal destinada a utilizar todos los recursos jurídicos disponibles para revocar sentencias anteriores que pudieran beneficiar al país, alargando en el tiempo el proceso sin pagar el monto establecido o alcanzar un acuerdo entre las partes.
En diálogo con Noticias Argentinas, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, comentó que “el gobierno de Milei ha dado un giro de 180° en casi todo, pero algo que no ha variado es la postura legal ante estos casos” destacando que “se sostiene la misma estrategia legal utilizada por gobiernos pasados (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández), que optaron por dilatar la situación”.
Maril apuntó que “esta postura no es incorrecta, ya que la Procuración buscará cualquier ventana legal para utilizarla”, aunque advirtió que“la realidad es que esta estrategia jamás ha rendido frutos, como lo evidencian las decisiones como la que se conoció el lunes”.
Por el contrario, expresó que “si Argentina hubiese admitido alguna equivocación al expropiar YPF, manipular el PBI, o expropiar Aerolíneas Argentinas, estos litigios se podrían haber resuelto a un costo menor mediante acuerdos extrajudiciales”.
Para avanzar en esta dirección, el Ejecutivo requeriría el consentimiento del Parlamento. Analizando este punto, el especialista sugirió que “a pesar de que el Gobierno manifiesta limitaciones legales para llegar a un acuerdo antes de agotar todas las opciones jurídicas, creo que se podría ir al Congreso y solicitar permiso para negociar y realizar el pago.”
Respecto a las opciones para revocar el fallo, Maril indicó que “no hay forma de revertir la cesión de las acciones de YPF, a menos que haya un consenso entre las partes o la Corte de Apelaciones favorezca a Argentina”. Considerando la postura del Gobierno de no negociar, solo queda la vía judicial.
Este escenario podría alargar aún más el cumplimiento del fallo y expone al país al riesgo de ser declarado en desacato conforme a la ley y la resolución de la jueza. Maril opinó que “esto es muy serio, ya que podría involucrar al Departamento de Estado de Estados Unidos”.
Desde su perspectiva, consideró que “es una posibilidad, aunque no inmediata”, y advirtió que la magistrada podría adoptar una actitud firme y plantear que el país está orientado a esa dirección “si no se aceleran las negociaciones y el pago, o al menos si no se apela con una garantía depositada”.
La declaración de desacato en Estados Unidos se refiere a la desobediencia a un fallo judicial y, aunque no es común para un Estado, podría conllevar una multa, lo que afectaría la credibilidad de Argentina ante la comunidad internacional y los organismos de crédito, dificultando la entrada a los mercados globales.
Una sanción de esta clase recordaría la situación sucedida en septiembre de 2014, cuando el juez Thomas Griesa declaró al país en desacato durante el litigio con los bonistas, siendo este el primer y único caso en el que se penó a una nación con esta figura legal.
Anticipando posibles acciones en relación a esta sanción y al caso en general, Maril centra la atención en los beneficiarios, quienes son los que han presentado las demandas que la justicia debe ejecutar, resaltando que “la juez Preska no toma decisiones sin que se lo soliciten.”