Estados Unidos pidió cerrar el comité de la ONU que apoya el reclamo argentino por Malvinas

Estados Unidos pidió terminar el mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el organismo que cada año reclama a la Argentina y al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas.

El planteo fue realizado por una representante del gobierno de Donald Trump durante una reunión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos políticos especiales y de descolonización. No se presentó ni se votó una resolución para disolver el comité: la intervención estadounidense consistió en un pedido para poner fin a sus funciones.

La funcionaria sostuvo que el organismo “ha sobrevivido a su propósito original” y argumentó que, pese a que más de 80 antiguas colonias se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros, continúa trabajando como si ese escenario no hubiera cambiado. También cuestionó la revisión anual de los mismos textos.

Las críticas incluyeron los viajes del comité al Caribe y al Pacífico Sur, que describió como un desperdicio de tiempo y recursos de la ONU.

Además, la representante señaló que la Asamblea General retiró a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero que el organismo mantiene audiencias anuales sobre la isla. En ese marco, afirmó que los habitantes de los territorios pendientes de descolonización merecen algo mejor que ser utilizados como instrumentos de campañas políticas.

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La intervención no incluyó una referencia expresa a Malvinas. Sin embargo, el pedido involucra a uno de los espacios diplomáticos en los que la Argentina sostiene su reclamo y exige la reanudación del diálogo con Londres.

Conocido como C-24, el Comité Especial de Descolonización fue creado en 1961 para supervisar ese proceso y examinar la situación de los territorios no autónomos. El Reino Unido administra diez de los 17 territorios que analiza el organismo, entre ellos Malvinas.

Durante la reunión anual de junio, el canciller Pablo Quirno denunció la militarización británica del archipiélago y la explotación unilateral de sus recursos naturales. También reiteró el pedido argentino de retomar las negociaciones por la soberanía.

La sesión de la Cuarta Comisión en la que intervino Estados Unidos incluyó la aprobación de más de veinte proyectos de resolución y una decisión, varios de ellos elaborados a partir de recomendaciones del C-24.

Entre los textos aprobados figuró uno sobre las actividades económicas que afectan los intereses de los pueblos de los territorios no autónomos. Recibió 163 votos a favor, dos en contra —Estados Unidos e Israel— y dos abstenciones, de Francia y el Reino Unido.

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También se aprobó un proyecto para solicitar a las potencias administradoras información sobre la evolución política y constitucional de esos territorios. Washington e Israel votaron en contra, mientras que Londres se abstuvo.

El planteo estadounidense se produjo en medio de una creciente disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a Malvinas.

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion. El Reino Unido, en cambio, respaldó las actividades de las empresas involucradas.

En paralelo, la Casa Rosada envió al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que contempla sanciones contra compañías que presten servicios vinculados con la explotación petrolera en la zona. Empresas estadounidenses transmitieron al Gobierno sus inquietudes por el alcance de algunos artículos y por las actividades que podrían quedar comprendidas.

En su última exposición ante la Asamblea General, el presidente Javier Milei ratificó el reclamo argentino, calificó a la ONU de “inútil” y la acusó de “mirar hacia otro lado con la causa” de Malvinas. También convocó al Reino Unido a dialogar para alcanzar una solución pacífica y abordar la explotación de los recursos naturales en disputa.

El pedido de Washington se inscribe, además, en la política de la administración Trump de reducir el financiamiento y el personal de Naciones Unidas e impulsar una reforma de la institución. Estados Unidos es su principal contribuyente, mientras continúa abierto el proceso para elegir al sucesor del secretario general, António Guterres.