Nuevo marco ético
27/06/2025 | 10:26 | Este Código establece principios claros para la transparencia y el desempeño ético de los funcionarios, incluyendo reglas para el uso adecuado de la información y la gestión de conflictos de interés.
En un proceso de transformación institucional, el Ministerio de Economía de la Nación lanzó su Código de Ética, una iniciativa destinada a fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública. Este documento, de 43 páginas, define los principios, compromisos y conductas que cada funcionario y agente del ministerio debe seguir, marcando un cambio significativo en la gestión estatal argentina.
“Los principios y compromisos aquí establecidos, serán adquiridos por todos los miembros de este ministerio, orientándonos en la toma de decisiones y conductas cotidianas con criterios consensuados con los más altos estándares internacionales en materia de ética, para ser ejemplo de una administración pública que inspire confianza y contribuya al bienestar colectivo”, comentó Caputo en la introducción del Código.
“Buscamos que estos lineamientos sean pilares fundamentales para construir un organismo innovador y responsable en la gestión de los recursos públicos, impulsando un desarrollo económico libre, sostenible y que beneficie a todos los ciudadanos de nuestra nación”, subrayó Caputo.
El Código de Ética, que fue aprobado en junio de 2025, es de cumplimiento obligatorio para todas las personas que trabajan en el ministerio, independientemente de su jerarquía, tipo de contrato o rol. “No se podrá alegar desconocimiento como justificación ante una omisión o transgresión. Las infracciones al código podrán acarrear sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes”.
El Código se basa en cinco principios fundamentales que orientan la conducta de los funcionarios:
El Código establece una clara línea: “Promovemos una cultura organizacional fundamentada en la honestidad, la probidad y la independencia de criterio en la gestión de los recursos públicos, priorizando el interés público sobre los intereses privados”. Se prohíbe el uso de recursos para fines personales, la aceptación de dádivas, regalos o beneficios indebidos, y se exige evitar y gestionar adecuadamente los conflictos de interés, ya sean actuales, potenciales o aparentes.
El documento enfatiza: “Debemos abstenernos de toda conducta que pueda afectar la independencia de criterio en la función pública. Hablamos de un accionar ético en nuestras funciones, entre otras cuestiones, a evitar conflictos de intereses”.
Además, establece reglas claras sobre la aceptación de obsequios y viajes: “No se debe solicitar ni aceptar, directa o indirectamente, dinero, dádivas, regalos, beneficios, favores, promesas u otras ventajas relacionadas con nuestras funciones”. El Código también aclara cómo manejar los conflictos de interés, identificando entre conflictos actuales, potenciales y aparentes, y señala las acciones que deben llevar a cabo los funcionarios para evitar situaciones que comprometan la imparcialidad en la toma de decisiones.
Se establece que “toda la información generada, obtenida, transformada, controlada y/o custodiada por el Estado es pública. Por ello, promovemos la transparencia institucional, garantizando la mayor publicación posible de información de manera clara, ordenada y accesible”. Se busca mantener actualizados los datos, así como una rendición de cuentas efectiva que garantice la accesibilidad ciudadana.
El Código incluye obligaciones como la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, y el registro de audiencias, esenciales para asegurar la transparencia y el control por parte de la ciudadanía.
Este principio estipula que “en el ejercicio de la función pública, debe prevalecer el interés general, en un proceso de mejora continua”. Se fomenta que las decisiones se tomen dentro del marco de legalidad y respetando altos estándares de calidad.
El Código exige diligencia, idoneidad y eficiencia, así como un estricto cumplimiento de la normativa vigente y la protección de la información confidencial. “Se debe contar con la idoneidad técnica necesaria para el cargo y capacitarse constantemente en pro de la mejora continua de las actividades y resultados”, añade.
El manejo de la información es otro aspecto crítico: “Está prohibido divulgar información personal contenida en los sistemas del organismo. Es crucial ser cuidadosos al hacer declaraciones públicas en medios o redes sociales, evitando que sean interpretadas como comentarios oficiales del ministerio”. Además, se prohíbe el uso de información privilegiada para beneficio propio o ajeno, y se obliga a denunciar cualquier irregularidad conocida.
Se reafirma el compromiso de “promover un entorno laboral positivo basado en relaciones que respeten la igualdad de trato y oportunidades en la función pública, rechazando cualquier forma de discriminación, violencia, maltrato y hostigamiento en el ministerio”.
La selección y promoción del personal se basa únicamente en la idoneidad para el cargo, prohibiendo cualquier forma de discriminación o trato diferente por motivos como raza, etnia, religión y más. El Código impone tolerancia cero ante el acoso y la violencia, estableciendo canales para denuncias y garantizando la protección de los denunciantes.
El Código destaca la importancia de utilizar los recursos de manera responsable: “Contribuimos a crear un ambiente sano y equilibrado que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer a las futuras generaciones”. Se busca preservar los recursos y el patrimonio cultural, considerando siempre el impacto social y económico.
Fomenta el uso responsable, ético y legal de los recursos públicos, incluyendo el reciclaje y el cuidado del medioambiente, así como la protección del patrimonio artístico del ministerio.
El Comité de Integridad del ministerio se encargará de supervisar la aplicación del Código y de impulsar acciones para mejorar la gestión ética. “El Comité de Integridad estará a cargo de monitorear el cumplimiento del Código de Ética y proponer medidas para mejorar la gestión ética y la integridad”.
Se han habilitado vías de consulta y denuncia, garantizando la confidencialidad para quienes reporten irregularidades, en cumplimiento de la resolución 978/2021, que establece un Canal de Denuncias específico.
El incumplimiento del Código puede resultar en sanciones disciplinarias, civiles y penales. “La normativa prevalece sobre cualquier instrucción superior, por lo cual no se podrá alegar desconocimiento como justificación. El quebrantamiento de este Código implica la responsabilidad disciplinaria del infractor, pudiendo llevar a acciones administrativas sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan corresponder”.
El desarrollo profesional de los integrantes del ministerio es clave. Por ello, se promueve la capacitación y formación en ética pública: “Se implementarán instancias de difusión, sensibilización y capacitación en áreas generales y específicas para asegurar que todos conozcan los principios y compromisos de este Código”.
El Código de Ética entró en vigencia desde su publicación y se actualizará conforme sea necesario para adaptarse a nuevos desafíos o cambios normativos. A través de esta norma, el Ministerio de Economía aspira a construir una “arquitectura institucional fundamentada en la ética e integridad”, tal como señaló Caputo.
La difusión de este Código de Ética constituye un paso trascendental hacia un Estado más transparente, responsable y accesible a la ciudadanía, posicionando la ética pública como el eje central de una gestión que busca recuperar la confianza social y establecer bases sólidas para una economía próspera y ordenada.