El Gobierno implementó la nueva Agencia de Control de Concesiones en Transporte

El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), además de reorganizar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), todos organismos descentralizados que pertenecen a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Desde hacía tiempo se anticipaba esta decisión, y finalmente se hizo realidad con un proyecto de decreto que será publicado en el Boletín Oficial en el corto plazo.

El nuevo organismo fue nombrado “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, convirtiéndose en la Autoridad de Aplicación para todas las normas y actos administrativos vinculados a la fiscalización de las concesiones viales.

Entre las funciones del nuevo organismo se detallan: verificar el cumplimiento de los contratos de concesión, así como los acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas y operativas. Esto incluirá la realización de inspecciones in situ y la solicitud de información y documentación pertinente a los operadores y concesionarios.

Asimismo, se encargará de fiscalizar los contratos de concesión vial, supervisando su ejecución en colaboración con el organismo competente en procesos licitatorios, garantizando la separación de funciones entre la fiscalización de contratos y la administración de dichos procesos.

Además, tendrá la responsabilidad de controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional y sus permisos de explotación, velando por que se cumplan condiciones técnicas y de prestación adecuadas para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

Adicionalmente, se contempla la fiscalización de las medidas que adopten empresas o concesionarios en relación a la seguridad de los bienes afectados al servicio ferroviario, asegurando la correcta prestación del mismo y la protección de personas y cargas en tránsito.

Establecerá sanciones según lo dispuesto en las normativas legales referentes a los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario, así como penalidades por incumplimiento en los contratos de concesión.

También promoverá acciones civiles o penales ante tribunales competentes en relación a su ámbito de acción y colaborará con la Secretaría de Transporte en todas las áreas que le correspondan.

El organismo tendrá como misión proteger los derechos de los usuarios de los servicios de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario mediante la gestión de quejas, reclamos y denuncias.

Se encargará de llevar a cabo investigaciones técnicas, así como emitir informes y proponer mejoras en calidad, eficiencia y seguridad operacional de los servicios de transporte bajo su supervisión, en coordinación con otros entes públicos.

También tendrá la atribución de recaudar y fiscalizar las tasas, derechos y aranceles relacionados con el control y fiscalización en el marco de sus competencias, sujeta a la intervención de la Secretaría de Hacienda.

Cuando sea necesario, promoverá la suspensión y caducidad de permisos y licencias, siendo estas decisiones resueltas luego por la Secretaría de Transporte.

Intervendrá en la investigación de accidentes ferroviarios de relevancia o que requieran su participación directa para comprender hechos, causas y consecuencias, así como en incidentes ocurridos en cruces a nivel entre vías férreas y calles.

Cuando sea preciso, podrá solicitar auxilio a la fuerza pública para el ejercicio de sus funciones y resolverá conflictos surgidos en la implementación de la modalidad de acceso abierto en concesiones ferroviarias. También supervisará la ejecución de programas de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y del material rodante.

La decisión está fundamentada en la facultad que posee el Poder Ejecutivo Nacional de realizar modificaciones, eliminaciones de competencias, funciones o responsabilidades que resulten innecesarias, y la reorganización o transformación de su estructura jurídica, ya sea centralizando, fusionando, disolviendo total o parcialmente, o transfiriendo a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa armonización de recursos.

Todo apunta a mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de su estructura.