El Gobierno busca reformular la SIDE mediante un DNU: podrá aprehender personas

El Gobierno nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional, con una fuerte reconfiguración del sistema y una mayor concentración de poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La norma, que se publicará en el Boletín Oficial este viernes 2 de enero, redefine funciones, estructuras y facultades del área, y ya despierta cuestionamientos por algunos de sus puntos más sensibles.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la declaración de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, bajo el argumento de proteger su carácter sensible y reducir el “riesgo estratégico nacional”. Esta definición pasa a ser un principio general y marca un giro conceptual en el funcionamiento del sistema, al limitar el acceso público a la información vinculada a la inteligencia estatal.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es hacer más eficiente a la agencia, eliminando competencias que consideran impropias —como la inteligencia interior o la protección de infraestructura digital— y ordenando el intercambio de información con otros organismos del Estado mediante registros automáticos y centralizados.

El DNU también otorga nuevas facultades operativas a los agentes de inteligencia, que podrán “aprehender” personas en situaciones de flagrancia o cuando exista una orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Este punto es uno de los más controvertidos de la norma.

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En el plano organizativo, el decreto reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, enfocada en la prevención de amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia contra el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Sus acciones deberán abarcar a todo el sector público nacional.

Además, se establece una separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia, dependiente de la SIDE y con foco exclusivo en el ciberespacio.

Otro cambio relevante es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, esa función quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el argumento de evitar superposiciones y simplificar la estructura.

El decreto refuerza el rol de la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, aprobar y controlar los presupuestos —incluidos los gastos reservados— y requerir información a organismos nacionales, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También modifica el mecanismo de designación de los titulares de los organismos desconcentrados, que quedará en manos del secretario de Inteligencia, con excepción del Inspector, que seguirá siendo designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

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Como novedad, se crean dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integrará a organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que sumará a áreas clave como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y sectores estratégicos vinculados a energía, lo nuclear y el espacio.

Desde el Gobierno aseguran que la reforma termina con superposiciones, moderniza el sistema y lo adapta a las amenazas contemporáneas, además de someterlo a mayores controles internos. Sin embargo, el DNU deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, en un contexto de debate político y jurídico por el alcance de las nuevas facultades y el uso de un decreto para modificar una ley considerada sensible.