Conflicto universitario
25/09/2026 | 11:19
Redacción Cadena 3
El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que lo intimó a cumplir en forma total, en un plazo de cinco días, la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según informaron fuentes oficiales involucradas en el expediente.
La apelación estará dirigida contra la decisión del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11. El magistrado sostuvo que no existe un cumplimiento completo de la cautelar y advirtió que podrá aplicar astreintes —sanciones económicas diarias— si el Poder Ejecutivo no acata la orden dentro del plazo fijado.
En la Casa Rosada también analizan si solicitarán que la apelación tenga efecto suspensivo. Esa definición será determinante para establecer si la intimación continúa vigente mientras la Cámara revisa el planteo. Por ahora, el Gobierno no resolvió si incorporará ese pedido.
La posición oficial difiere de la expresada por Cormick. Funcionarios que siguen la causa afirman que el Ejecutivo ya cumplió con la medida cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo. Ese será uno de los argumentos centrales de la apelación.
La discusión no alcanza a la cautelar original, que quedó firme. En diciembre de 2025, Cormick ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
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/Fin Código Embebido/La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó luego esa decisión. Más tarde, la Corte Suprema rechazó, el 25 de junio, el recurso extraordinario del Gobierno al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva. Así, la cautelar se mantiene vigente mientras sigue pendiente la resolución sobre el fondo de la causa.
El litigio principal cuestiona el decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero condicionó su aplicación a la definición de las fuentes necesarias para afrontar el gasto. Las universidades sostienen que esa disposición es inconstitucional.
En junio, el Gobierno buscó acreditar avances en el cumplimiento de las obligaciones reclamadas. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios firmaron el 10 de ese mes un acta que contempló una recomposición del 24,33% de la masa salarial, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas destinadas a hospitales universitarios y becas.
Con ese acuerdo, Nación pidió que se levantara la cautelar por considerar que habían cambiado las circunstancias que motivaron su dictado. Sin embargo, el 1 de septiembre Cormick rechazó el planteo al entender que el Estado no había demostrado una solución definitiva al deterioro salarial ni a los perjuicios denunciados por las universidades.
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/Fin Código Embebido/La negociación volvió a trabarse el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% para los salarios universitarios y anticipó que la aplicaría incluso sin acuerdo. Los gremios rechazaron la propuesta y sostienen que persiste una diferencia relevante respecto de la recomposición necesaria.
En paralelo, el Gobierno buscará abrir una instancia de negociación durante el debate del Presupuesto 2027. El proyecto enviado al Congreso prevé $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estima que se requieren cerca de $11 billones.
La estrategia oficial es alcanzar un acuerdo presupuestario con los rectores y los bloques aliados, y presentarlo ante la Justicia como una circunstancia nueva. Sin embargo, cualquier modificación de la cautelar vigente deberá ser resuelta por los tribunales.
Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El próximo paso será la apelación del Gobierno contra la intimación de Cormick, mientras define si pedirá que sus efectos queden suspendidos durante la revisión de la Cámara.
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¿Qué medida está apelando el Gobierno nacional? El Gobierno nacional apela la resolución judicial que lo intimó a cumplir la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
¿Quién es el juez involucrado en el caso? El juez involucrado es Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11.
¿Cuándo se firmó el acta de acuerdo entre el Gobierno y las universidades? El acta de acuerdo se firmó el 10 de junio entre el Gobierno, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional.
¿Dónde se presentará la apelación? La apelación se presentará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
¿Por qué se considera inconstitucional la disposición del decreto 759/2025? Las universidades sostienen que la disposición del decreto 759/2025, que condiciona la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, es inconstitucional.
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