Echaron del Estado al hijo de un exgobernador de Neuquén por no trabajar

El gobierno de Neuquén despidió a Nicolás Salvatori, empleado de planta permanente del Ministerio de Energía provincial, luego de que una investigación administrativa comprobara ausencias injustificadas y la falta de tareas realizadas durante varios años, pese a registrar su asistencia.

Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, fue desvinculado tras un sumario iniciado a partir de registros de cámaras de seguridad y dispositivos de control de personal que lo mostraron fichando su ingreso y abandonando el edificio poco después, sin cumplir la jornada laboral.

La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que el agente no prestó servicios efectivos durante el período investigado, pese a figurar como presente en el sistema. La conducta fue documentada en al menos cinco registros fílmicos correspondientes a mayo y junio de 2025, lo que permitió avanzar con el proceso administrativo.

En el decreto de cesantía se señala que Salvatori transgredió el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la provincia. La medida se inscribe en las políticas impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa, orientadas a reducir gastos innecesarios y mejorar la eficiencia del Estado.

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Paralelamente, la Fiscalía de Neuquén presentó una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública, al considerar que Salvatori habría percibido salarios durante casi cuatro años sin cumplir funciones, generando un perjuicio económico para las arcas provinciales. El delito está tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal.

Según información publicada por Diario Río Negro, durante la investigación también se constató que el exagente no contaba con usuario en el sistema de gestión digital GDE, no cumplió capacitaciones obligatorias ni presentó licencias o declaraciones juradas exigidas por la normativa vigente.

El Ejecutivo provincial dispuso además la suspensión sin goce de haberes y ordenó activar los mecanismos para recuperar las sumas percibidas. En caso de no lograrlo, se dará intervención a la Fiscalía de Estado ante una posible situación de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública.

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