Dólares "del colchón": el Gobierno ya envió el proyecto de ley al Congreso

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este jueves que el Poder Ejecutivo envío al Congreso los proyectos de ley que permitirán sostener jurídicamente el plan que busca incentivar el uso del dinero no declarado, denominado "dólar colchón".

Las propuestas contienen modificaciones la Ley Penal Económica con el objetivo de que las personas que decidan utilizar su dinero que está fuera del sistema luego no queden expuestos a procesos judiciales.

La legislación pretende reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como herramienta para brindar garantías a los eventuales participantes del régimen. Ese plazo se reduciría a dos años con la idea de dar certeza durante el mandato de Javier Milei.

También modifica montos para el inicio de requerimientos fiscales y eventuales acciones legales.

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El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal.

El objetivo, según se desprende de las declaraciones del jefe de Gabinete, es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de mantenerse inmovilizados por temor a eventuales sanciones legales.

Francos evitó vincular esta iniciativa con intentos anteriores de regularización, aunque admitió que ahorrar en dólares fuera del sistema bancario responde a una conducta arraigada hace décadas en la sociedad argentina.

Mencionó como referencia temporal el período posterior al Rodrigazo (crisis económica de 1975). El enfoque del Gobierno es evitar mecanismos que impliquen nueva emisión monetaria o incremento de la presión impositiva.

Francos sostuvo que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían una intención delictiva y que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria.

Por ese motivo, consideró razonable que el Estado habilite condiciones para que esos fondos puedan ser reutilizados sin riesgo de sanciones retroactivas.

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