Diputado imputado por peculado e intimidación pública, busca desafuero

Emiliano Estrada, diputado nacional, fue imputado por los delitos de peculado e intimidación pública. La solicitud de desafuero presentada por el fiscal federal Carlos Amad se fundamentó en la ausencia del legislador a una audiencia crucial relacionada con acusaciones de uso indebido de fondos públicos.

La causa investiga una presunta campaña de difamación financiada con recursos del Congreso, que continuará bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N°2 de Salta. La jueza Mariela Giménez decidió rechazar los pedidos de inhibitoria realizados por magistrados de Buenos Aires y del ámbito provincial, permitiendo que el proceso continúe en Salta.

Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, la jueza validó los argumentos expuestos por el fiscal Amad, quien se opuso al traslado del expediente y garantizó que existen pruebas relacionadas con el involucramiento de Estrada en el uso de recursos públicos destinados a actividades no relacionadas con sus funciones legislativas. Estas actividades incluían la contratación de asesores que participaban en una campaña en redes sociales.

“La solicitud de desafuero se justifica en violaciones a la Ley de Ética Pública, específicamente por abuso de autoridad y peculado de servicios”, declaró Amad tras la audiencia. La acusación sostiene que Estrada habría desviado recursos del erario público nacional para organizar y financiar acciones comunicacionales que tenían como objetivo desacreditar a adversarios políticos. Se mencionó que el pago de dos asesores implicados en la causa provenía del presupuesto de la Cámara baja.

La defensa del diputado expresó su respaldo a la postura del Ministerio Público, apoyando la continuación del proceso en Salta, aunque luego impugnó la decisión de la jueza y solicitó una nueva audiencia para revisar la medida tomada.

Por ahora, la jueza Giménez enviará formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el pedido de desafuero de Emiliano Estrada, para que el cuerpo legislativo lo evalúe.