Juicio por la expropiación de YPF: el origen del conflicto

El origen del litigio iniciado contra Argentina por la expropiación de YPF se encuentra en una cláusula que obliga a la empresa a realizar una oferta pública de compra para todos los accionistas.

En 2012, cuando se llevó a cabo la expropiación de las acciones de la empresa, el Estado argentino ignoró las tenencias que tenía el Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi, cuyas inversiones están rodeadas de controversia.

Este incumplimiento en la igualdad de la oferta fue el disparador del juicio que ha llevado a Argentina a una condena de US$ 16.000 millones.

Los tribunales de Estados Unidos condenaron al país al considerar que había violado una cláusula que protege los derechos de los accionistas de una firma cotizada en Wall Street.

La jueza Loretta Preska, que continuó con el caso tras la partida del juez Thomas Griesa, no cuestionó la decisión soberana de Argentina de expropiar la compañía, sino que se centró en el trato desigual hacia ciertos accionistas, quienes no recibieron el mismo tratamiento en la operación.

El gobierno ya anunció su intención de apelar la orden emitida por Preska; sin embargo, esta acción podría resultar costosa debido a que la condena se encuentra firme y genera intereses acumulados de aproximadamente US$ 2 millones diarios.

Burford Capital es el fondo de inversión que se beneficiará de esta decisión, cuyo valor aumentó considerablemente en contraposición a la caída de las acciones de IFF, que adquirió el derecho a litigar por parte del Grupo Petersen. Esta compra surgió tras la quiebra de Petersen, ejecutada por un juzgado en Madrid, como consecuencia de que luego de la expropiación de YPF, la empresa dejó de pagar dividendos y sufrió un colapso.

El litigio se inició en 2015, y en septiembre de 2023, Preska falló en contra de la nación, obligándola a pagar los US$ 16.000 millones mencionados.

El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, argumentó que existen fundamentos legales para cuestionar el fallo de Preska y propuso dos acciones viables.

Preska ordenó que el pago se realice con acciones, lo que contradice la legislación argentina. Consideró necesario que el Congreso ratifique esta decisión. Además, sugirió que la Corte Suprema analice el caso, con el fin de que se ordene al Poder Ejecutivo avanzar en el cumplimiento de su fallo, acusando violaciones a la legislación local.