Caso Hotesur
16/07/2016 | 06:13 | Lo resolvió el juez federal Julián Ercolini. Se trata de los 4,6 millones de dólares que se encontraban en una cuenta de la hija de la ex presidenta en el Banco Galicia de Buenos Aires.
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer el embargo preventivo sobre más de 5 millones de dólares a nombre de Florencia Kirchner, al tratarse de fondos que se sospecha podrían provenir de maniobras ilícitas y que "se los habrían proporcionado sus progenitores".
La medida fue adoptado en el marco de la causa Hotesur, donde se investiga a la ex presidenta por presuntas maniobras de lavado de dinero, a raíz de que habría alquilado sus hoteles al empresario Lázaro Báez (sólo por el Alto Calafate pagó unos cinco millones de dólares) como una suerte de retorno por haber sido favorecido este con la licitación de obra pública.
El embargo es sobre los 4.664.000 de dólares que posee Florencia Kirchner en sus cajas de seguridad en la casa matriz del Banco Galicia, las cuales fueron abiertas poco antes de que su madre tuviera que presentarse en abril pasado en declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa dólar futuro, en la que finalmente fue procesada.
Justamente, para la Justicia ese movimiento de dinero tuvo que ver con una maniobra de Cristina Kirchner para evitar eventuales embargos o inhibiciones, y el fiscal Gerardo Pollicita advirtió que si bien "resulta irrelevante" si los fondos "se encuentran debidamente declarados, lo que se encuentra controvertido es el origen de los mismos".
El embargo también fue extensivo a dos cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner: la 4004168-8198-1 con un saldo de 1.032.144,91 de dólares; y la 4021118-4198-7 que tiene unos 53.280,24 pesos.
Todo para "garantizar y asegurar efectivamente el eventual decomiso del dinero en cuestión que podría estar vinculado a los delitos investigados", sostuvo Ercolini, quien indicó además que el tesorero del banco Galicia, en calidad de depositario judicial, "deberá velar por su custodia e integridad, preservando el estado de las cosas" a los fines de "impedir que puedan verse alterados o modificados los valores hallados".
"Florencia Kirchner no solo habría participado en el entramado
societario que se habría utilizado para canalizar fondos de procedencia ilícita, sino también que, al menos, parte de ese dinero hallado en su esfera de custodia se lo habrían proporcionado en diferentes circunstancias sus progenitores, quienes resultan sospechados en autos", indicó el fallo que hizo lugar al planteo del fiscal.
Al realizar el pedido, el fiscal Pollicita había explicado que la causa a su cargo se encontraba orientada "a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo, en primer término Néstor Kirchner y luego por su esposa" y los empresarios "Lázaro Báez, Cristobal López, Carlos De Sousa y Osvaldo Sanfelice".
La Fiscalía lo argumentó en base a otorgamiento de licitaciones
de obra pública, en su mayoría construcción de rutas por parte de
Lázaro Báez y que treparon hasta alcanzar los 16 millones de pesos; así como Cristobal López recibió beneficios impositivos para sus empresas.
Para la Fiscalía, el objetivo es "determinar" si los Kirchner, Máximo y Florencia incluidos, "resultaron beneficiarios en forma sistemática y coordinada de los pagos que los empresarios favorecidos por el Estado Nacional habrían realizado a favor de ellos, vía el alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones".