Declararon el estado de emergencia por 30 días en el Apross tras el incendio

En medio de una investigación judicial por estafas y tras el arrasador incendio del viernes pasado, el Gobierno de Córdoba decretó una "emergencia por causa de fuerza mayor" que afectó a todo el Apross, con una duración provisoria de treinta días corridos.

Las autoridades establecieron que el objetivo principal es "la salvaguarda de la salud y calidad asistencial" y garantizar que no se interrumpan ni afecten los servicios que brinda la Administración Provincial del Seguro de la Salud.

En una resolución publicada en el Boletín Oficial provincial, el Gobierno destacó que el siniestro "impacta de manera directa la regularidad y continuidad de la actividad administrativa y operativa", lo que imposibilita el normal funcionamiento de la institución.

Ante esta situación, se decidió implementar "todas las acciones y tareas necesarias" para desarrollar protocolos y procedimientos transitorios que aseguren la continuidad de los servicios de salud a su cargo.

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La normativa también suspende "de manera transitoria todos los plazos procesales administrativos que se encuentran en curso por un plazo de 10 días hábiles", con posibilidad de prórroga mientras dure la emergencia. Esto se hace con el fin de garantizar el debido proceso y los derechos de los afiliados a Apross, aunque se exceptuaron "los actos urgentes que se deban dictar en la emergencia", para los cuales el Directorio está facultado.

El incendio, que arrasó la sede central de la obra social provincial, generó críticas de la oposición por la posible eliminación de pruebas en la causa de estafas. El vocal Sebastián García Petrini aseguró que la información estaba resguardada en "la nube", pero reconoció que la sede central quedó operativamente fuera de servicio.

Este incidente se produjo durante el fin de semana largo por Pascuas, a solo 48 horas de que el fiscal José Bringas informara sobre un avance significativo en la investigación de un fraude que perjudicó a la prestadora de salud. 

Días antes, la Justicia había ordenado la detención de 13 acusados, entre ellos varios policías, un exempleado y un médico, imputados por realizar consultas a personas no afiliadas.

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