Reacción de los organismos culturales
24/06/2025 | 10:31 | Las normas Nro. 345 y 346/2025, impulsadas por el Gobierno, fueron calificadas como "inconstitucionales" por las CTAs, que defienden la estructura cultural del país.
Las Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA) hicieron un llamado al Congreso Nacional para que se oponga a los decretos Nro. 345 y 346/2025, promulgados por el Gobierno Nacional. Consideraron que dichos decretos son "inconstitucionales" y que atentan contra la identidad cultural del país.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y su par de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy, expresaron en un comunicado que las normas propuestas modifican o eliminan once organismos culturales e históricos. Estos organismos fueron creados bajo leyes que contaron con respaldo democrático, y su disolución implicaría una pérdida de autonomía y representación federal en el sector.
Entre las preocupaciones que manifestaron, destacaron la carencia de "autarquía y distribución federal de recursos al Instituto Nacional del Teatro". Además, señalaron que la eliminación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) afectaría las bibliotecas populares que funcionan en el país desde 1870. También manifestaron que algunos institutos históricos, como el Museo Sanmartiniano y el Museo Eva Perón, se verían transformados o eliminados, lo que afectaría la preservación de la memoria histórica de Argentina.
Los líderes de las CTAs criticaron la decisión del Gobierno, calificándola de unilateral y arbitraria, considerando que va en contra de la Ley de Bases 27.742/2024, que protege de manera expresa a los organismos culturales. Argumentaron que la justificación presentada por el Ejecutivo sobre ajustes de gastos es engañosa, ya que estos espacios culturales se sustentan a través de su propia actividad financiera según la Ley 27.693/2022, y su impacto en el presupuesto es mínimo.
Las CTAs apuntaron que el objetivo subyacente de estas medidas es concentrar poder y desmantelar décadas de desarrollo cultural que han sido construidas de manera federal y comunitaria. Por ello, exigieron al Congreso que rechace los decretos, argumentando su inconstitucionalidad y resaltando la importancia de defender la cultura como un derecho fundamental. Además, abogaron por garantizar la participación federal en las políticas culturales del país, enfatizando que "la cultura no es gasto. Es identidad, memoria y trabajo".