Desafíos en la industria pesquera
22/06/2025 | 09:56 | La actividad pesquera enfrenta una crisis en Mar del Plata, con la flota inactiva por huelgas y una investigación judicial sobre supuestas coimas en el reparto de cuotas de merluza.
Mientras en Mar del Plata la flota pesquera se mantenía amarrada y la Iglesia católica manifestaba su preocupación por la situación de los trabajadores en la región, el prestigio de la captura de merluza negra se encontraba en medio de un conflicto judicial en los tribunales federales de Comodoro Py. Una empresa histórica llevó a cabo una demanda, respaldada por el abogado Fernando Burlando, en contra del Consejo Federal Pesquero, acusándolo de irregularidades en la distribución de los cupos.
El juez Ariel Lijo, encargado del caso en Comodoro Py, tenía previsto escuchar las declaraciones indagatorias de distintos funcionarios del Consejo Federal Pesquero, quienes hasta entonces no habían enfrentado acusaciones similares.
Las acusaciones vamos dirigidas a la supuesta falta de transparencia en la asignación de los cupos de pesca para merluza negra, fundamentalmente entre empresas del sector privado.
El problema marplatense es más que una situación transitoria, dado que la captura de langostino experimentó un significativo decrecimiento, con precios que cayeron aproximadamente un 50%.
Ante el descenso de los precios del pescado, las organizaciones empresariales —como la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip)— indicaron que “los sindicatos no están dispuestos a modificar el convenio colectivo de 2005, lo que hace inviable la actividad”.
A pesar de alcanzar un acuerdo preliminar que permitía iniciar la zafra de langostino bajo una conciliación obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo, las tensiones laborales aumentaron en el segmento de las actividades de congelación. Como consecuencia, el puerto de Mar del Plata se encontraba completamente paralizado, lo que llevó al obispado local a solicitar soluciones inmediatas.
Mientras el sector sufría pérdidas estimadas en 200 millones de dólares en exportaciones y el Estado nacional dejó de ingresar 15 millones de dólares en derechos de exportación, la Iglesia advirtió que era necesaria una pronta intervención para salvaguardar los puestos laborales.
Asimismo, citaban las reflexiones del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si, donde se señala que “el trabajo es una dimensión esencial de la existencia del hombre sobre la tierra, una extensión de la obra de la creación. Eliminar el trabajo es quitar la dignidad”.
En provincias como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el trabajo escaseaba, pero siempre dentro de las mismas compañías, sin diversificación.
La actividad pesquera en el mar argentino se regulaba a través de cupos otorgados por el Consejo Federal Pesquero, cuyos procedimientos eran objeto de severas críticas por la falta de claridad en su asignación, lo que llevó a la judicialización de estos procesos.
En el mercado pesquero hay diversas especies, pero la merluza negra se destaca por su alta demanda, particularmente en la gastronomía asiática. Hubo denuncias entre empresas multinacionales y una solicitud a la administración de Milei, realizada por la compañía Prodesur S.A., para efectuar una audiencia pública ante las irregularidades.
Dicha solicitud no fue respondida, lo que intensificó el conflicto, que llegó a los tribunales a través de una denuncia penal.
Los abogados Fernando Burlando y Juan Tiberio denunciaron a miembros del Consejo Federal Pesquero por presuntos sobornos en relación con la concesión de cuotas de pesca de merluza negra.
La denuncia se fundamentaba en un régimen de cuotificación que, desde 2009, ha sido objeto de controversias por su falta de transparencia y discrecionalidad.
Un juzgado federal en Mar del Plata continuaba la investigación relacionada con una denuncia del ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, por corrupción en la administración pesquera.
“Se realizaron encuentros entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector pesquero, entre los que figuran representantes marplatenses, donde, de manera inapropiada, las autoridades del Gobierno Nacional supuestamente hicieron un pedido de 'coima' para facilitar la participación en la repartición de las cuotas”.
Prodesur S.A., bajo la dirección del empresario chino Liu Zhijiang, fue excluida de la concesión de una cuota de merluza negra por un posible acto ilícito perpetrado por miembros del Consejo Federal Pesquero, quienes presuntamente recibieron considerables cantidades de dinero en dólares para negar a la firma el acceso a los cupos de captura.
La investigación, que contaba con el apoyo legal de Burlando, abordaba un reparto que, según varios representantes del sector, “siempre presenta aspectos poco claros y beneficia a los mismos actores”. El sector pesquero temía que la judicialización del reparto de la merluza común pudiera derivar en un conflicto manejado en el futuro.
Para los abogados, “la exclusión de Prodesur S.A. ocasionó una cartelización efectiva en la explotación del recurso merluza negra en el mar argentino, incurriría además en una falta al artículo 248 del Código Penal, ya que dictarían un auto contrario a la normativa vigente con los siguientes vicios: