Caso YPF: los demandantes pedirán sanciones contra la Argentina en Nueva York

El juicio por la expropiación de YPF sumará este jueves un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina enfrenta una condena en primera instancia por US$ 16.100 millones más intereses. Los demandantes presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que el país sea declarado en desacato y que se le apliquen sanciones por presuntos incumplimientos en el proceso judicial.

El planteo será realizado por los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, quienes sostendrán que la Argentina no cumplió con una orden vinculada al proceso de discovery. Según esa postura, el Estado no entregó en tiempo y forma correos electrónicos y comunicaciones por servicios de mensajería, como WhatsApp, correspondientes a funcionarios y exfuncionarios.

De acuerdo con los demandantes, las demoras y la falta de entrega completa del material justificarían la aplicación de sanciones. La defensa argentina, en tanto, tiene previsto responder el próximo 19 de febrero con su propio escrito.

El eje del conflicto es una orden de Preska que obliga al país a producir comunicaciones digitales de funcionarios de la actual gestión y de administraciones anteriores. Según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, al 12 de enero aún restaban seis funcionarios que no habían entregado el material requerido, aunque la mayoría ya había cumplido con la exigencia.

Mientras los demandantes consideran que ese punto demuestra un incumplimiento, el Gobierno sostiene que se trata de comunicaciones de carácter personal protegidas por la Constitución. Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la acusación de desacato y afirmaron que “la República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes”.

/Inicio Código Embebido/

Fuentes oficiales remarcaron que ninguna sanción puede aplicarse hasta que el país ejerza plenamente su derecho a defensa y la jueza analice el fondo de la cuestión. En ese sentido, recordaron que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.

Esa apelación es considerada central en la estrategia oficial. En octubre, la Argentina recurrió la decisión de Preska que exige la entrega de comunicaciones personales, al considerar que es ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense. En los últimos días, la defensa presentó sus argumentos para que la Cámara revoque esa orden, con el objetivo de debilitar el principal sustento del pedido de sanciones.

Los demandantes, por su parte, acusan al país de utilizar maniobras dilatorias y anticiparon que podrían insistir con multas y presunciones adversas si no obtienen la información. Además, solicitaron que se fije un cronograma específico para tratar el desacato, con plazos para la respuesta argentina, una contrarréplica y una audiencia probatoria.

El trasfondo del conflicto apunta a un objetivo mayor: los beneficiarios del fallo buscan demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como “alter ego” del Estado. Si lograran probarlo, podrían avanzar sobre activos de esas entidades para intentar cobrar la sentencia. Para ello, consideran clave acceder a comunicaciones internas de funcionarios.

El Gobierno rechaza esa interpretación y denuncia hostigamiento. Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el discovery ya implicó casi dos años de trabajo, con la entrega de más de 110.000 documentos y comunicaciones oficiales, y que se avanzó “dentro de las posibilidades legales del Estado” y respetando los límites constitucionales, en especial el derecho a la privacidad.

El calendario procesal ya está definido: tras el escrito de los demandantes, la respuesta argentina llegará el 19 de febrero y la contrarréplica el 5 de marzo. Luego, en audiencias previstas para fines de ese mes, Preska resolverá si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones.

En paralelo, la apelación principal contra la sentencia por la expropiación de YPF sigue su curso en la Cámara, sin fecha definida para el fallo, y continúa siendo la principal apuesta del Gobierno para frenar cualquier intento de ejecución.