Argentina enfrenta juicios externos por más de US$30.000 millones rumbo a 2026

La Argentina llegará a 2026 con un complejo frente judicial en el exterior, integrado por causas abiertas y sentencias adversas que, en conjunto, superan los US$30.000 millones. El escenario incluye litigios en tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido, además de reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), algunos de los cuales ya no admiten instancias de apelación.

El expediente de mayor volumen continúa siendo el vinculado a la expropiación de YPF. Tras el fallo adverso de la Justicia de Nueva York que fijó una condena por US$16.100 millones, el Estado argentino apeló la decisión y el proceso ingresó en una etapa clave. En ese marco, la jueza Loretta Preska había habilitado medidas para avanzar sobre activos y requerir comunicaciones oficiales, aunque en las últimas horas concedió una suspensión parcial al aceptar un pedido de YPF y frenar el denominado “discovery de alter ego”, orientado a identificar bienes de la petrolera pasibles de embargo.

Según especialistas, la suspensión se mantendrá vigente hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva el planteo de YPF, un trámite que se considera prioritario por involucrar cuestiones vinculadas a la inmunidad soberana de empresas estatales bajo la legislación estadounidense. Mientras tanto, los beneficiarios del fallo —los fondos Eton Park y Petersen, financiados por Burford— continúan presionando para avanzar en el cobro y sostienen que distintos organismos públicos podrían ser considerados “alter egos” del Estado argentino.

Otro frente relevante es el de los cupones atados al Producto Bruto Interno. En el caso de los instrumentos denominados en euros, la Justicia británica ya dictó una condena firme y la Argentina deberá negociar un pago cercano a los US$1.800 millones, tras la ejecución parcial de las garantías depositadas. En paralelo, por los cupones en dólares, el fondo Aurelius y otros demandantes preparan una nueva presentación judicial en Estados Unidos.

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También siguen activos los reclamos de holdouts del default de 2001. Fondos como Attestor Master ya lograron embargar activos por unos US$300 millones y mantienen demandas adicionales sin instancias recursivas disponibles para el país. En tanto, Bainbridge Fund busca cobrar alrededor de US$95 millones y cuenta con fallos favorables para avanzar sobre acciones de YPF en manos del Estado y sobre activos del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

En paralelo, la Argentina enfrenta una sentencia adversa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que la obliga a pagar cerca de US$390 millones y que actualmente se encuentra en etapa de apelación. Este litigio se suma a otros reclamos históricos vinculados al mismo proceso.

El CIADI, por su parte, concentra varios casos relevantes. Recientemente, el tribunal ordenó al país pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos vinculados a la represa de Alicurá y otros US$147 millones a la empresa Webuild por el congelamiento de peajes del puente Rosario–Victoria. El Gobierno analiza alternativas legales y evalúa solicitar la nulidad de esos laudos.

A estos expedientes se agregan causas vinculadas a deuda en default y disputas por concesiones, que amplían el volumen total de litigios. Según estimaciones privadas citadas en distintos procesos, el stock de juicios entre casos apelables y ejecutables supera ampliamente los US$30.000 millones, con actuaciones en Nueva York, Londres y tribunales arbitrales internacionales.

El patrón se repite en la mayoría de los casos: el Estado argentino apela las sentencias, busca ganar tiempo y abre instancias de negociación, mientras los acreedores endurecen sus estrategias para forzar pagos o embargos. Las resoluciones que se produzcan a lo largo de 2026 podrían tener impacto directo sobre las reservas, los activos estratégicos y la capacidad de financiamiento del país.

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