¿Y si prueban con bajar los impuestos a los préstamos?

La discusión sobre la morosidad no termina porque el problema tampoco desaparece. El Gobierno asegura que el crecimiento de los atrasos comenzó a estabilizarse, pero miles de familias continúan atrapadas entre cuotas difíciles de afrontar, refinanciaciones y tasas que vuelven cada vez más pesada la deuda.

Frente a ese escenario, hay una alternativa de la que se habla poco: bajar los impuestos que encarecen los préstamos.

La respuesta habitual es que el Estado no puede continuar reduciendo tributos porque necesita recaudar. Es una preocupación atendible, aunque remite a una discusión económica histórica: una menor carga impositiva puede impulsar la actividad y permitir que el fisco cobre menos sobre cada operación, pero recaude sobre una economía más grande.

La evolución de los derechos de exportación ofrece un ejemplo interesante, aun con todas las salvedades necesarias. La recaudación por retenciones fue de unos 3.069 millones de dólares en 2023, año atravesado por una sequía extraordinaria. En 2024 ascendió a 5.383 millones y en 2025 alcanzó los 4.665 millones, pese a que la alícuota para la soja bajó del 33% al 26% y también se redujeron otras.

Para 2026, la Bolsa de Comercio de Rosario estima ingresos cercanos a los 4.613 millones de dólares, con la soja ya en el 24%, nuevas rebajas y la eliminación de retenciones para numerosas economías regionales.

La comparación no es lineal. Influyeron el clima, los precios internacionales y los períodos de retenciones cero, que adelantaron operaciones previstas originalmente para 2026. Sin embargo, el resultado general merece atención: los derechos de exportación bajaron y la recaudación no se desplomó.

La medida también funcionó como una señal para los productores, alentó la producción y amplió las exportaciones. Tal vez el Estado haya resignado una parte de los ingresos directos, pero el Banco Central pudo comprar más reservas porque ingresaron más dólares a la economía. El beneficio, por lo tanto, excede la cuenta inmediata de la recaudación.

¿Por qué no analizar una estrategia semejante para el crédito?

Un informe del IERAL citado por Guillermo López calculó que aproximadamente el 30% de una cuota bancaria corresponde a impuestos. Sebastián Cao, economista de Ecomométrica, fue todavía más lejos: estimó que las cargas tributarias pueden agregar hasta un 40% al costo financiero total de un préstamo.

Así se explica, en parte, la enorme distancia entre el rendimiento que obtiene quien deposita su dinero en un plazo fijo y la tasa que afronta quien solicita un préstamo personal. Por supuesto, en esa brecha también intervienen el riesgo crediticio, los costos de las entidades financieras y los encajes bancarios. Pero los impuestos tienen un peso determinante.

El crédito está alcanzado por IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, entre otras cargas. Nación, provincias y municipios cobran sobre una herramienta que debería facilitar el consumo y la inversión. Una persona paga impuestos cuando compra un producto y vuelve a pagarlos por financiar esa misma adquisición con una tarjeta o un préstamo.

No es casual que los impuestos específicos sobre el crédito sean poco frecuentes en las economías desarrolladas. Encarecer el financiamiento desalienta inversiones, restringe el consumo y aumenta la posibilidad de incumplimiento. Es una combinación particularmente dañina para un país cuya economía lleva años funcionando prácticamente sin crédito.

Según Cao, la eliminación de esas cargas permitiría reducir de una sola vez alrededor de un 30% el costo financiero de un préstamo. Habrá que determinar si conviene quitarlas por completo, bajarlas gradualmente o establecer un régimen especial para refinanciar a quienes ya se encuentran en mora. Pero la discusión merece comenzar.

Los dirigentes que manifiestan preocupación por el endeudamiento de las familias tienen una herramienta concreta a su alcance. El Presidente, los gobernadores, los intendentes y los poderes legislativos pueden revisar el esquema impositivo y acordar una reducción coordinada.

La Argentina necesita recaudar, pero también necesita que su economía vuelva a respirar. Porque, si la presión tributaria asfixia al crédito y profundiza la morosidad, el Estado terminará intentando cobrar en el cementerio. Sería bastante más razonable recaudar sobre una sociedad a la que primero se le permita vivir.