Villarruel y los demás opositores tienen que empezar a mostrar sus recetas

El fin de semana largo transcurrió con poca intensidad política. Javier Milei habló, aunque sin aportar demasiadas novedades. La que alteró la quietud fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, durante su participación en ExpoVenado 2026.

Villarruel manifestó estar "sumamente preocupada" por los argentinos que no tienen trabajo o no llegan a fin de mes. También sostuvo que la clase política debe comenzar a concentrarse en esos problemas, casi con exclusión de cualquier otro tema.

La preocupación es legítima. La pérdida de empleos, las dificultades para sostener los ingresos y el crecimiento del endeudamiento familiar forman parte de una realidad que no se puede negar. Sin embargo, la frase llama la atención por la posición institucional de quien la pronunció.

Villarruel no observa la situación desde afuera. Es la vicepresidenta de la Nación y, aunque su relación con Milei esté prácticamente rota, integra el Gobierno. Cuando reclama que la dirigencia política comience a pensar en estos asuntos, parece sugerir que la administración de la cual forma parte no lo está haciendo.

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Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya había planteado que, si Villarruel no se siente parte del Gobierno, debería dar un paso al costado. Esa respuesta, de todos modos, tampoco resuelve el problema. Convertir cualquier advertencia social en una prueba de lealtad interna es una forma de esquivar la discusión.

El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar qué está haciendo frente al deterioro de los ingresos, la falta de empleo y la morosidad. Pero Villarruel y el resto de la oposición también tienen otra obligación: comenzar a mostrar sus recetas.

Buena parte de la dirigencia opositora describe la crisis, se lamenta por sus consecuencias y adopta una posición comprensiva frente al malestar social. Lo que todavía no aparece con claridad es la alternativa.

Villarruel viene construyendo una agenda propia y mostrando capacidad de diálogo con distintos sectores. Se reunió, entre otros, con el senador nacional Gerardo Zamora, exgobernador y principal referente del oficialismo santiagueño, y con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. También compartió ExpoVenado con Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical.

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Las fotografías y los encuentros institucionales no constituyen por sí mismos un programa político. Pero, si alrededor de esas relaciones se busca construir una opción electoral para 2027, resulta razonable preguntar qué modelo económico y social podría surgir de allí.

Quintela ofrece un ejemplo concreto. La Rioja reactivó los Bonos de Cancelación de Deuda, conocidos como Chachos, y comenzó a distribuir un refuerzo de 50.000 entre trabajadores estatales, dentro de una operatoria que alcanzaría a unos 80.000 beneficiarios.

Esa es una respuesta política frente a la falta de recursos, pero requiere explicaciones. ¿La emisión de una cuasimoneda provincial es parte del modelo que se propone como alternativa? ¿Cómo se garantiza su valor? ¿Quién absorbe su costo? ¿Puede trasladarse una experiencia de esas características al conjunto del país?

La Rioja, además, continúa en cesación de pagos por su deuda internacional y decidió no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El Gobierno provincial defiende esa determinación y sostiene que busca otro esquema para explotar sus recursos. Es una posición atendible, pero debería explicar cuál es su propuesta concreta para atraer capitales, generar empleo y desarrollar la minería.

Algo parecido ocurrió con Rioja Bus. Al transformar la compañía en un ente provincial, la administración riojana apartó a parte de sus trabajadores del convenio colectivo de la Unión Tranviarios Automotor. Puede discutirse si esa medida permitió sostener el servicio, pero también habría que preguntar si la UTA aceptaría ese mecanismo como política general.

Las decisiones tienen costos y consecuencias. No alcanza con exhibir sus aspectos favorables.

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El resultado fiscal también obliga a sincerar el debate. En los primeros siete meses del año, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario equivalente al 0,9% del PBI, pero el resultado financiero —después del pago de intereses— fue de apenas el 0,1%.

El margen es estrecho. Por eso, cada iniciativa que implique un aumento del gasto debería precisar cómo será financiada.

Gobernadores e intendentes cuestionan al Gobierno nacional por la falta de ejecución de fondos destinados a rutas y otras obras. Es un reclamo legítimo, especialmente ante el deterioro de la infraestructura. Pero cuando sus legisladores impulsan proyectos que pueden provocar déficit, también deben aclarar de dónde saldrán los recursos.

¿Se aumentarán impuestos? ¿Se recortarán otros gastos? ¿Se buscará nuevo endeudamiento? ¿Se volverá a emitir dinero? El equilibrio fiscal no puede transformarse en una excusa para desentenderse de todos los problemas, pero tampoco se puede actuar como si los recursos fueran ilimitados.

La misma discusión aparece ante el crecimiento de la morosidad. Organizaciones sociales y sindicales preparan una nueva movilización por el endeudamiento de las familias. El diagnóstico puede ser correcto, pero falta conocer la solución.

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¿Se propone una reestructuración de las deudas? ¿Una reducción de intereses? ¿Un régimen especial para consumidores sobreendeudados? ¿El Estado debería cubrir parte de las obligaciones? En ese último caso, ¿terminarían pagando los contribuyentes que no se endeudaron o quienes cumplieron con sus compromisos? ¿Se garantizaría, además, el negocio de los bancos con fondos públicos?

No son preguntas menores. Cualquier alternativa distribuirá costos entre deudores, acreedores, contribuyentes y Estado. La política debe explicar quién pagará y por qué.

El silencio más visible es el de Axel Kicillof, uno de los dirigentes con mayor centralidad dentro del universo opositor y con proyección hacia 2027. El gobernador bonaerense cuestiona el rumbo nacional, pero todavía no presentó un programa integral que permita saber qué haría con la inflación, el gasto público, la deuda, la inversión y la apertura económica.

La campaña presidencial ya comenzó, aunque falte más de un año para las elecciones. Por eso, es momento de exigir algo más que diagnósticos y expresiones de sensibilidad.

Tal vez Villarruel, Kicillof, Quintela y los demás opositores tengan propuestas superadoras. Si es así, deberían presentarlas. El electorado necesita conocer no solamente qué rechazan, sino también qué harían, cuánto costaría y quién asumiría ese costo.

El Gobierno debe responder por los resultados de su gestión. La oposición, por la viabilidad de sus alternativas. Preocuparse es necesario, pero gobernar exige prioridades, números y decisiones.