Tierras: ¿Y si en lugar de declamar la Patria prueban con ocuparla?

La Argentina aprendió a confundir soberanía con inmovilidad. Creemos que cuidar es prohibir, que preservar consiste en cerrar y que la posesión de un territorio queda garantizada por un mapa y un papel que dicen que es nuestro.

Después, ese territorio permanece vacío, sin caminos, sin riego, sin infraestructura, sin habitantes y sin inversiones. ¿Y si en lugar de declamar la Patria probamos con ocuparla?

San Juan acaba de ofrecer un ejemplo concreto. El gobernador Marcelo Orrego firmó un acuerdo con Vicuña, la empresa respaldada por BHP y Lundin Mining que desarrollará los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. El entendimiento, sujeto a la ratificación de la Legislatura provincial, contempla un desembolso anticipado de 250 millones de dólares.

No es un préstamo. No deberá devolverse ni podrá descontarse de las futuras regalías. El dinero ingresará a un fideicomiso y será destinado a obras viales, hídricas y de saneamiento. El primer desembolso está previsto para antes de fin de año.

Además, el convenio estabiliza las regalías en el 3% de la facturación e incorpora un aporte adicional equivalente al 1,5% de las ventas brutas, que comenzará a pagarse desde el sexto año de operaciones.

El proyecto fue incorporado recientemente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con un desembolso previsto de más de 9.700 millones de dólares. Si se cumplen los plazos anunciados, el primer cobre saldrá en 2030. Sin embargo, los beneficios para San Juan comenzarán mucho antes.

Eso también significa ocupar un territorio: convertir los recursos existentes en rutas, agua, saneamiento, empleo, proveedores y nuevas actividades productivas.

Es cierto que algunos de esos caminos serán utilizados por la minera. ¿Y cuál sería el problema? También podrán servir para la agroindustria, el turismo, la energía y las comunidades de la zona. Una obra de infraestructura no pierde su valor público porque una empresa la necesite. Muchas veces es precisamente una actividad productiva la que vuelve posible una inversión que el Estado, por sí solo, nunca concreta.

Durante décadas, la Argentina mantuvo buena parte de la cordillera prácticamente cerrada a la minería. También desconfió de la explotación energética en la Patagonia, de la actividad forestal en la Mesopotamia y de las inversiones vinculadas con el mar.

Siempre apareció el mismo argumento: todo debía hacerse exclusivamente con capitales nacionales, empresas nacionales y trabajadores nacionales. Nosotros íbamos a hacerlo todo.

El problema es que casi nunca lo hicimos.

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El Estado destinó los recursos a otras prioridades, el capital privado no apareció y enormes extensiones del país quedaron viviendo de espaldas a sus propias posibilidades. Celebramos haber impedido que otros las aprovecharan, aunque nosotros tampoco fuéramos capaces de desarrollarlas.

El caso del río Limay resulta ilustrativo. Allí se construyeron grandes represas capaces de producir energía y regular caudales. Durante décadas se habló de incorporar extensas superficies al riego, pero el aprovechamiento productivo quedó muy por debajo de aquel potencial. Recién ahora Neuquén impulsa un proyecto para sumar 54.000 hectáreas.

La infraestructura está. El agua está. La tierra está. Lo que tantas veces faltó fue la decisión de conectarlas.

La soberanía territorial no se ejerce sentándose sobre una escritura. Un territorio es verdaderamente propio cuando está poblado, comunicado, defendido y puesto al servicio del desarrollo de sus habitantes. Sin caminos, inversión ni actividad económica, la soberanía corre el riesgo de convertirse apenas en una expresión jurídica.

No se trata, por supuesto, de permitir cualquier explotación ni de entregar los recursos sin condiciones. La minería necesita controles ambientales rigurosos, fiscalización sobre el uso del agua, transparencia en los ingresos, auditoría de los fondos y obligaciones de remediación.

Ocupar responsablemente no equivale a depredar. Pero preservar tampoco puede significar condenar una región al aislamiento y a sus habitantes a vivir sin oportunidades. El productivismo sin controles puede convertirse en saqueo; el conservacionismo sin desarrollo puede terminar siendo abandono adornado con buenas intenciones.

Buena parte de las posiciones más terminantes sobre qué se puede hacer y qué no en el territorio argentino surge del AMBA, donde casi un tercio de la población vive concentrado en una fracción mínima de la superficie nacional.

Desde allí se discute si San Juan puede desarrollar cobre, si la Patagonia puede producir energía o si la Mesopotamia puede aprovechar sus bosques. Mientras tanto, esa misma concentración urbana depende de los alimentos, la energía y los dólares generados por el resto del país.

El interior produce los bifes, los tomates, los huevos, el pan y buena parte de las divisas. También soporta mecanismos como las retenciones, utilizados durante años para financiar el funcionamiento del Estado y abaratar recursos consumidos principalmente en los grandes centros urbanos.

Son trazos gruesos, desde luego. Existen excepciones y matices. Pero la contradicción permanece: quienes viven más lejos de los recursos suelen pretender decidir qué pueden hacer con ellos quienes viven encima.

San Juan tendrá la posibilidad de recibir 250 millones de dólares para infraestructura antes de extraer el primer kilo de cobre. Otras provincias, sin grandes proyectos productivos ni inversiones semejantes, seguirán esperando obras que el presupuesto nacional ya no financia.

Esa diferencia debería servir para revisar algunos prejuicios. La defensa de la Patria no consiste en inmovilizarla. Consiste en desarrollar sus recursos con inteligencia, reglas claras y controles suficientes para que el beneficio llegue a sus habitantes.

No hay que llorar como patrioteros lo que no sabemos ocupar como ciudadanos.