Reforma del Banco Central: el dinero es tuyo, no del Estado

El Gobierno busca recuperar iniciativa política después de varios frentes abiertos y, en ese intento, puso sobre la mesa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No es un tema menor ni técnico en el sentido aburrido de la palabra. Es una discusión de fondo: quién cuida la moneda y quién tiene derecho a manejar el dinero de la sociedad.

La dolarización, al menos como fue imaginada durante la campaña de Javier Milei, no ocurrió. Tampoco el cierre del Banco Central. Lo que aparece ahora es una alternativa más clásica y, probablemente, más racional: mantener el Banco Central, pero cambiar de raíz su funcionamiento.

La Argentina necesita entender algo básico: el dinero no es del Estado. Mucho menos de un gobierno. Aunque lo emita el Banco Central, la moneda es un bien público y el dinero que tiene cada ciudadano es propiedad de ese ciudadano. No pertenece al poder político.

Ese punto, que parece elemental, fue vulnerado durante años. En la Argentina se naturalizó que un gobierno pudiera usar el Banco Central como una billetera propia: emitir para financiar gasto, asistir a gobernadores amigos, sostener cajas políticas o intervenir en la economía según la conveniencia del momento.

Eso no es normal. Es una distorsión enorme del sistema republicano.

Por eso, en muchos países, los bancos centrales tienen autonomía frente al poder político. No son —o no deberían ser— una oficina más del Ministerio de Economía. Su tarea principal debe ser cuidar el valor de la moneda, no resolverle los problemas de caja al gobierno de turno.

Hoy, Luis Caputo y Santiago Bausili trabajan en sintonía y forman parte de un mismo equipo económico. Puede ser funcional para este momento, pero no debería ser la regla institucional. Lo mismo ocurrió en otros gobiernos, con otros nombres y otros signos políticos. El problema no es una persona. El problema es el diseño.

Un Banco Central serio no puede depender de la amistad, la confianza o la pertenencia política de sus autoridades. Debe responder a un mandato claro, definido por ley y controlado institucionalmente: preservar la moneda de los argentinos.

La reforma que impulsa el Gobierno apunta, según trascendió, a prohibir que el Banco Central financie al Tesoro. Es decir, impedir que el poder político le pida plata a la autoridad monetaria para cubrir gasto público. Esa práctica fue una de las grandes causas de la inflación crónica argentina.

El kirchnerismo ya salió a cuestionar esa orientación. No sorprende. En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, con Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, se reformó la Carta Orgánica para ampliar los objetivos de la entidad. Ya no se trataba sólo de preservar el valor de la moneda: también debía promover el empleo, el desarrollo económico y la actividad.

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El argumento sonaba noble. El resultado fue malo.

La emisión monetaria no generó un ciclo virtuoso de crecimiento sostenido, empleo formal y desarrollo. Por el contrario, la economía terminó estancada, la inflación se volvió cada vez más persistente y el empleo informal ganó terreno. La historia argentina demostró, una vez más, que no se puede construir prosperidad destruyendo la moneda.

Además, hay un punto constitucional. El artículo 75, inciso 19, establece que el Congreso debe proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue claro al advertir que no cuidar ese valor implica incumplir un mandato central de la Constitución.

No es apenas una discusión de economistas. Es una discusión republicana.

Cuando un gobierno controla discrecionalmente la emisión, concentra poder. Puede premiar, castigar, financiar aliados, tapar déficit y trasladar el costo a toda la sociedad mediante inflación. La inflación, al final, es una forma de impuesto no votado: la pagan los asalariados, los jubilados, los comerciantes y todos los que no pueden defenderse a tiempo.

Por eso la autonomía del Banco Central no es un capricho liberal ni una obsesión técnica. Es una protección para el ciudadano común.

La política puede administrar impuestos, discutir presupuestos, definir prioridades de gasto y rendir cuentas por eso. Pero no debería manipular la moneda como si fuera patrimonio propio. El dinero de la gente no puede quedar a merced de la urgencia electoral ni de la necesidad fiscal de un gobierno.

La verdadera reforma no consiste sólo en cambiar artículos de una ley. Consiste en cambiar una cultura política. El Congreso debería tener la madurez de designar autoridades idóneas, independientes y respetadas, no militantes disfrazados de técnicos ni aventureros con discurso financiero.

Al frente del Banco Central no puede haber un delegado del gobierno ni un vendedor de espejitos de colores. Tiene que haber alguien capaz de cumplir una misión sencilla y enorme al mismo tiempo: cuidar la moneda.

Porque el dinero no es de los políticos. Es de la sociedad.

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