Presupuesto: un festival del negocio y el doble discurso

La llegada del proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados abrió una verdadera caja de Pandora. La llamada "ley de leyes" no solo es la norma más importante que debe sancionar el Congreso: también pone en marcha una negociación tan amplia, compleja e imprevisible que hoy resulta imposible anticipar cuál será su resultado.

No se discuten únicamente las partidas, los recursos y los artículos incluidos en el Presupuesto. Alrededor del proyecto también giran la reforma del Banco Central, la ley de biocombustibles, la Ley de Inocencia Fiscal, los cambios en las PASO y el régimen de zona fría. Cada sector tiene sus prioridades y muchas de ellas terminan convertidas en moneda de cambio dentro de la discusión presupuestaria.

El abanico de interlocutores es enorme. El Gobierno debe negociar con cada gobernador, porque cada provincia reclama algo diferente. También necesita acordar con aliados que suelen acompañarlo, pero que muestran poca disposición a pagar el costo político de algunas medidas. Y, como si eso fuera poco, tiene que ordenar su propia interna.

Patricia Bullrich dejó expuesto ese problema al admitir que desconocía los cambios previstos en asuntos sensibles como discapacidad y la Asignación Universal por Hijo. Si una dirigente oficialista encargada de conseguir el respaldo de los aliados no conoce previamente modificaciones de esa magnitud, la relación con esos bloques inevitablemente se resiente. No se puede pedir apoyo para decisiones que ni siquiera fueron explicadas dentro del propio espacio.

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Enfrente aparece la oposición más cerrada, particularmente el kirchnerismo, que responde con un rechazo casi automático. Allí comienza un festival de buenismo y doble discurso. Wado de Pedro, por ejemplo, habló de "sadismo" al referirse a las políticas sobre discapacidad. Pero la discusión se presenta siempre de un solo lado: se enumeran necesidades y se denuncian ajustes, sin incorporar el problema de la inflación ni explicar de dónde saldrán los recursos.

El caso de la AUH es revelador. Desde diciembre de 2023 aumentó un 110% en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación. Ninguna otra prestación tuvo una mejora semejante. El Gobierno sostiene que llegó el momento de revisar su mecanismo de actualización automática después de haberla privilegiado durante este período.

La oposición critica esa posibilidad en público, aunque en privado sostiene otra cosa. Por lo bajo acusa a Milei de impulsar un "plan platita" mediante la AUH y cuestiona el tamaño del aumento. Sin embargo, cuando llega al Congreso, denuncia como inadmisible cualquier modificación de la fórmula. En un escenario dice una cosa y, en otro, exactamente la contraria.

Algo similar ocurre con las pensiones por discapacidad. Hasta 2023, la inflación había licuado profundamente el poder adquisitivo tanto de esas prestaciones como de la AUH. Ese antecedente no puede desaparecer de la discusión. Reclamar aumentos sin hablar de estabilidad, financiamiento y equilibrio fiscal es contar solo una mitad del problema.

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Axel Kicillof representa con claridad esa ambigüedad. Mientras se consolida como principal figura opositora, dirigentes de su entorno intentan tranquilizar a los bancos y a los sectores económicos. Felipe Solá, Aníbal Fernández, Emmanuel Álvarez Agis y Carlos Bianco repiten que no hay motivos para temerle y señalan como prueba el equilibrio fiscal de la provincia de Buenos Aires.

La respuesta que reciben es sencilla: la Provincia mantiene ese equilibrio porque no dispone de una máquina para emitir dinero. Kicillof, mientras tanto, evita precisar cuál es su posición frente a la inflación, qué compromiso asumiría con la estabilidad o cómo financiaría todas las medidas que su espacio reclama. Al mismo tiempo, continúa reivindicando un modelo kirchnerista que recibió el país sin inflación, con reservas y superávits comercial y fiscal, y lo entregó con esos indicadores invertidos.

Del otro lado, Milei fijó su límite. Aseguró que no le torcerán el brazo y que, si fuera necesario, resignará o reasignará partidas, e incluso recurrirá al veto, antes que apartarse de la regla que considera la columna vertebral de su programa económico: el equilibrio fiscal.

Ese límite no simplifica la negociación; la vuelve todavía más áspera. El Presupuesto será una carambola política en la que se cruzarán gobernadores, aliados, opositores, proyectos paralelos e internas oficiales. Cada voto tendrá un precio y cada concesión producirá una consecuencia en otra parte del tablero.

Nadie sabe qué ley terminará saliendo del Congreso. Lo único seguro es que la película recién comienza y que estará atravesada por negocios políticos, contradicciones y discursos cuidadosamente adaptados a cada audiencia. Habrá que preparar el pururú: la caja de Pandora ya está abierta.