Para CFK, ni indulto ni amnistía: revisión de sentencias

Listo. Ya va quedando claro cómo planea hacer el kirchnerismo para pasar por encima del Poder Judicial si Cristina Fernández llega a ser condenada en alguna de las 13 causas por corrupción en las que se encuentra involucrada.

En principio, no se apelaría a indultos, amnistías u otros recursos sobre los que se especuló. El exjuez de la Corte Suprema, el kirchnerista Raúl Zaffaroni, prácticamente lo definió. Se haría por ley. Tal norma permitiría hacer una “revisión extraordinaria” de una sentencia. Esa revisión se haría a nivel de cámara judicial y sería apelable ante la Corte Suprema. Por las dudas de que la Corte se llegara a resistir, Zaffaroni también plantó la posibilidad de “cambiarla un poco”. 

La ley 26.183 sancionada en 2006 por impulso kirchnerista estableció en 5 la cantidad de jueces supremos. Pero si los K creen que pueden tener mayoría en el Congreso para establecer tribunales especiales por ley, esa misma mayoría podría modificar esa norma. Sumando jueces, se podría garantizar que la Corte avale revisiones que liberen a quienes Zaffaroni calificó ayer como “presos políticos”. No dio nombres, pero obviamente está pensando en la expresidenta, sus hijos, sus exfuncionarios y un amplio arco que incluiría desde Lázaro Báez hasta los constructores que confesaron el pago de coimas.

Contrabando de derechos humanos

La calificación de “presos políticos” a todo este universo por parte de Zaffaroni es escandalosa. No sólo porque él mismo aceptó ocupar la cúspide de un Poder Judicial que no ha tenido desde que se jubiló ningún cambio normativo, funcional o estructural. No sólo porque se trata del Poder Judicial establecido por la Constitución y con plena vigencia de la democracia y la República.

Es escandalosa, sobre todo, porque Zaffaroni, que fue nombrado juez federal de la Nación por dictadores, asumió jurando no por la Constitución sino por el Estatuto de Reorganización Nacional de Videla, Massera y Agosti. Y los senadores Rodolfo Terragno y Teresita Negre de Alonso rechazaron su designación en la Corte porque, según sus investigaciones, Zaffaroni rechazó hábeas corpus solicitados por familiares de desaparecidos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo como juez. 

El ya tradicional contrabandeo de los derechos humanos por parte del kirchnerismo llega a la apoteosis con la calificación de “presa política” a la expresidenta, quien no está presa, está protegida por fueros constitucionales y está siendo investigada por tribunales naturales después de haber sido la persona más poderosa del país durante ocho años en virtud de las mismas exactas instituciones que hoy impugnan.

En línea con Alberto

¿Zaffaroni es un francotirador solitario? No parece. Alberto Fernández, designado como candidato a vicario de la Presidenta por el dedo de CFK, dijo hace dos semanas lo mismo aunque con menos precisiones que Zaffaroni. 
"Vamos a tener que revisar muchas sentencias", dijo el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina, luego de amenazar a los jueces y de advertirles que iban a tener que “explicar” sus fallos si eran contra la expresidenta y sus exfuncionarios.

La idea de la “revisión” puede tener varias ventajas sobre otro tipo de instrumentos. La imposición de tribunales especiales ad-hoc para interferir en el sistema judicial es típica de regímenes autoritarios pero puede tener una pátina de legalidad. 

Esconder un elefante

Una ley del Congreso como la que imagina Zaffaroni involucraría una mayoría legislativa. Centenares de políticos tendrían que ensuciarse las manos. Es una buena manada en la cual esconder el elefante. En cambio, un indulto tiene un solo responsable. El presidente. 

Además, el indulto presenta problemas políticos y de legitimidad. Exige que el kirchnerismo gane la Presidencia, ya que es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Y además sería extremadamente irritante e inaceptable: el presunto presidente, en ese caso Alberto Fernández, estaría indultando a su propia compañera de fórmula.

Imponer un nuevo tribunal por ley podría hacerse incluso sin ganar la Presidencia. En el próximo Congreso no va a tener mayorías abrumadoras. Pero el kirchnerismo podría ser la primera minoría (los diputados se definen en la primera vuelta) aunque perdiera el balotaje. Con sus satélites y el resto del PJ podría sumar respaldos. Incluso en el eventual caso de que Cambiemos retuviera la Presidencia, va a estar forzado a negociar cualquier cosa en el Congreso para sacar las leyes que va a demandar el proceso económico y de reforma del Estado.

Ni olvido ni perdón

La amnistía también requiere una ley del Congreso (y por ende diluye responsabilidades individuales en el cuerpo en su conjunto, como la ley  de tribunales revisores que quiere Zafaroni), pero legalmente implica aceptar que los delitos y la corrupción existieron. La “amnistía” sólo olvida. No cuestiona la adjudicación el delito al condenado que se beneficia con el olvido. Y para Cristina Fernández y los suyos eso sería inaceptable. 

En cambio, una ley del Congreso que “revise” concluiría en una exoneración, en una falta de mérito, en un certificado de que no hubo delito, sin importar que los tribunales naturales sí lo hubieran constatado.

Última ventaja, pero no menos importante: la ley que quiere Zaffaroni implica meter un nuevo proceso, una nueva instancia que puede contribuir -dependerá del trámite que ordene esa norma- a patear todo en forma indefinida hacia adelante.