Misiones: no queda otra que dejar de hacer barbaridades

Durante años, muchas provincias vivieron bajo la ilusión de que nada iba a cambiar. Que el desorden fiscal podía seguir, que el gasto se podía estirar indefinidamente y que, de algún modo, la cuenta siempre la iba a pagar otro. El impuesto inflacionario funcionó como anestesia general: tapó ineficiencias, disimuló excesos y permitió sostener estructuras que, vistas hoy, resultan imposibles de defender. Ese tiempo se terminó, y Misiones ofrece dos ejemplos elocuentes de ese despertar forzado.

El primero es Energía de Misiones, la distribuidora eléctrica estatal. En los últimos doce meses redujo su plantel en unas 300 personas, en muchos casos por jubilaciones que no se reemplazaron. Aun así, la empresa sigue exhibiendo un sobredimensionamiento notable. Para tener una referencia: la EPEC cordobesa —que tampoco es un modelo de eficiencia, pero además de distribuir también genera energía— tiene unas 430 conexiones por empleado. Energía de Misiones apenas llega a 115. La comparación es brutal y deja al descubierto una realidad que se repite en buena parte del país: aparatos estatales inflados hasta niveles imposibles de sostener.

Mientras la inflación licuaba todo, el sistema funcionaba. La recaudación subía sola, la coparticipación llegaba puntualmente y los impuestos provinciales y municipales crecían casi por inercia. Hoy ese mecanismo desapareció. Ya no hay con qué financiar el desorden y empiezan a quedar expuestas decisiones que durante años se tomaron con liviandad.

El segundo caso es todavía más revelador. El Instituto Misionero de Macroeconomía Circular —un nombre tan rimbombante como impreciso— nació como un organismo de fomento agropecuario, arrastra un pasado escandaloso y hoy cuenta con alrededor de 1.300 empleados. Para dimensionarlo: es, por sí solo, el segundo mayor empleador de Misiones, apenas detrás de Arauco, la principal empresa privada de la provincia. Solo ese dato alcanza para encender todas las alarmas.

Las últimas actividades visibles del instituto remiten a tareas menores, repartos de insumos y acciones de dudosa escala para justificar semejante estructura. Un elefante blanco en toda regla, sostenido con impuestos y sin resultados claros. Ante la falta de recursos, el organismo anunció un recorte del 40% de los contratos. Su titular, Roque Gervasoni, responsabilizó al Gobierno nacional por el ajuste y aclaró que la poda alcanza solo a contratados, no al personal de planta permanente.

Ahí aparece otro debate que la Argentina viene postergando desde hace décadas: la inamovilidad del empleo público. Una cláusula constitucional pensada en 1853 para evitar persecuciones políticas terminó convertida en un privilegio corporativo. Dos mundos conviven sin tocarse: el del sector privado, donde nadie tiene garantizado el puesto, y el del Estado, donde casi nada se revisa, casi nada se exige y casi nadie se va.

Misiones no es una excepción. Es apenas una muestra de lo que empieza a emerger en muchas provincias cuando se termina la fiesta inflacionaria. Las “barbaridades” ya no se pueden disimular. Ahora queda lo más difícil: ordenar, achicar y discutir en serio qué Estado puede sostener la Argentina y cuál no. Lo demás es seguir mirando para otro lado mientras la realidad golpea la puerta.