Milei manda a subir el sueldo básico de los convenios: ¿populismo o presión?

El Gobierno que reivindica la libertad de mercado les pide a empresarios y sindicatos que eleven los pisos salariales de sus convenios. La propuesta merece algo más que una celebración apresurada o un rechazo automático: necesita una explicación. Por ahora, conviven dos interpretaciones: un intento de mejorar ingresos de cara a la campaña electoral o una presión para que se renegocien las condiciones de trabajo.

Según la información conocida, la Secretaría de Trabajo planteó llevar esos pisos a $1.070.000 brutos. También circuló una estimación de unos $860.000 de bolsillo, aunque el neto depende de los descuentos aplicables. No se trata del salario mínimo, vital y móvil, cuya negociación terminó sin acuerdo, sino de las remuneraciones previstas en los convenios colectivos.

La diferencia importa. La iniciativa no alcanzaría por igual a todos los trabajadores ni tendría el mismo efecto en todas las actividades. Podría representar una mejora para quienes están en las categorías más bajas de sectores como gastronomía, construcción, sanidad o maestranza. Para otros, cuyos ingresos ya superan ese umbral, el impacto sería distinto o inexistente, según cómo se instrumente.

Pero ni siquiera está claro el mecanismo. Se habla de elevar básicos, de una suma fija y de un eventual bono no remunerativo, como si fueran alternativas equivalentes. No lo son: incorporar una suma al básico tiene consecuencias distintas de completar transitoriamente el ingreso con un adicional. Tampoco el carácter no remunerativo garantiza, por sí solo, que bruto y neto coincidan. Faltan precisiones para saber qué se propone.

Esa confusión deja abierta la primera lectura política: un "plan platita" financiado por el sector privado. El Gobierno buscaría que algunos trabajadores recuperen ingresos y se reservaría el beneficio político de la decisión, mientras las empresas afrontarían el costo. Es una hipótesis, no una intención demostrada. Pero, presentada de esa manera, la iniciativa resulta difícil de conciliar con el discurso libertario.

La contradicción aparece cuando el Estado pretende definir cuánto deben pagar quienes, según la prédica oficial, deberían acordarlo libremente. Si la mejora salarial surge de una negociación, habrá que conocer qué acordaron las partes. Si surge de una imposición o de una presión administrativa, el Gobierno tendrá que explicar por qué considera conveniente intervenir ahora.

Además, la capacidad de pagar no se crea con una instrucción. Una suba puede aliviar a un trabajador y, al mismo tiempo, complicar a una empresa con márgenes estrechos. En actividades que emplean mucha mano de obra, ese equilibrio es especialmente delicado. Sin considerar ventas, productividad y diferencias entre empresas, una decisión uniforme podría dificultar contrataciones o agravar problemas de formalidad.

La segunda interpretación apunta a otro objetivo: utilizar el reclamo salarial para destrabar la revisión de convenios que mantienen cláusulas desde hace décadas. Bajo esa lectura, el Gobierno estaría poniendo un elemento de presión sobre la mesa para que sindicatos y cámaras empresarias aprovechen la renegociación habilitada por la reforma laboral.

Conviene precisar también ese punto. La ultraactividad permite que disposiciones de un convenio sigan aplicándose después de su vencimiento. Que un convenio sea antiguo no significa que sus salarios hayan permanecido congelados: pueden actualizarse las escalas sin revisar el conjunto de las reglas laborales. Es esa discusión más amplia la que, según esta versión, el Gobierno pretende impulsar.

El transporte ofrece un ejemplo de las tensiones pendientes. Los conflictos de la UTA vuelven a poner sobre la mesa el alcance de las negociaciones realizadas en Buenos Aires y su relación con los acuerdos provinciales. Discutir qué condiciones deben ser comunes y cuáles pueden adaptarse a cada región sería más productivo que reproducir el conflicto. Esa revisión también requiere iniciativa de las cámaras empresarias.

Si ese es el propósito, corresponde explicitarlo. Una presión salarial utilizada para abrir otra negociación necesita un objetivo, un mecanismo y reglas conocidas. De lo contrario, empresarios y trabajadores quedan intentando adivinar qué quiere el funcionario que los convoca.

Por ahora, la ambigüedad alcanza tanto al instrumento como a la intención. No permite afirmar que exista un giro populista ni dar por probada una estrategia de modernización laboral. Sí permite señalar una contradicción que el oficialismo debe resolver: mientras predica libertad para negociar, aparece indicando desde el Estado cuál debería ser el resultado. Antes de exigir explicaciones a los demás, el Gobierno tiene que explicar su propia intervención.