Lula promete austeridad después del lunes negro

A Lula le llegó la hora del teorema de Baglini. Esa idea, tan conocida en la política argentina, sostiene que las posiciones de los dirigentes se vuelven más responsables a medida que se acercan al ejercicio del poder. En el caso del presidente brasileño, que ya gobierna, la adaptación es sencilla: terminó la campaña y llegó el momento de explicar cómo se pagarán las promesas.

Hasta el domingo, el incentivo era ampliar beneficios y conquistar los votos necesarios para la reelección. Desde el lunes, la exigencia es mostrar cómo se compatibilizará ese esfuerzo con unas cuentas públicas deterioradas. El cambio de conversación fue tan rápido como el golpe de los mercados.

La Bolsa de San Pablo cayó casi un 14%, su peor jornada desde marzo de 2020. El real también sufrió una fuerte depreciación, que superó el 11% durante las primeras operaciones y luego se moderó. Parte del derrumbe respondió a inversores que habían apostado por una victoria de Flávio Bolsonaro y tuvieron que desarmar sus posiciones. Pero detrás de esa corrección aparece una pregunta que seguirá vigente cuando pase el sobresalto: qué hará Lula con el déficit y la deuda.

La primera respuesta llegó a través del Partido de los Trabajadores. Su presidente, Edinho Silva, aseguró que Lula buscará el superávit fiscal durante todos los años del próximo mandato. La declaración expresa una intención. Ahora falta conocer las decisiones que permitirían cumplirla y los costos políticos que el Gobierno está dispuesto a asumir.

El economista Jorge Vasconcelos describe el problema brasileño como un "déficit asintomático". La expresión sirve para explicar por qué un desequilibrio fiscal puede acumularse sin producir una explosión inflacionaria como las que conocemos en la Argentina. Sin embargo, los síntomas aparecen por otra vía: el endeudamiento y el costo del dinero.

Cuando el Estado necesita financiarse de manera persistente, aumenta su demanda de crédito. Si además crecen las dudas sobre su capacidad para ordenar las cuentas, los prestamistas exigen una remuneración mayor. Esa presión, junto con la política monetaria y las expectativas de inflación, contribuye a sostener tasas elevadas.

La consecuencia llega a las empresas y a las familias. Una inversión necesita ofrecer una rentabilidad mayor para justificar su financiamiento. Comprar una vivienda en cuotas se vuelve más difícil. Refinanciar una deuda exige destinar más ingresos a intereses. El desequilibrio fiscal termina cobrándose también en oportunidades que se postergan.

La magnitud del problema obliga a hablar con precisión. La deuda bruta brasileña alcanzó el 82,9% del producto interno bruto en agosto, según la metodología del Banco Central. Con el criterio del FMI, la medición para ese mes fue del 94,5%. Los intereses acumulados en doce meses equivalieron al 8,86% del PIB, una carga enorme para las cuentas públicas.

Las cifras superiores al 100% del producto corresponden a proyecciones del Fondo para los próximos años. Esa distinción importa: el riesgo es que la trayectoria continúe deteriorándose y que cada ejercicio presupuestario quede más condicionado por el pago de intereses.

Para la Argentina, lo que suceda con su principal socio comercial tiene consecuencias concretas. Un Brasil con crédito caro y menor dinamismo puede comprar menos productos argentinos. Un real debilitado también modifica las condiciones de competencia para nuestra industria.

Lula ganó una elección que le permite seguir gobernando. Ahora debe explicar cómo sostendrá sus compromisos sin agravar el problema que encarece el crédito y limita la inversión. El teorema de Baglini se comprobará en el presupuesto: allí habrá que ponerles números a las promesas del plan platita.