La universidad, enclaustrada en el claustro

La discusión sobre el financiamiento universitario volvió al centro de la escena, pero no como un debate técnico sino como un síntoma de algo más profundo: la dificultad de la Argentina para reconciliar sus aspiraciones con sus restricciones.

La ley que obliga al Gobierno a recomponer el presupuesto universitario y ajustarlo por inflación expone ese dilema en su forma más cruda. Por un lado, un sistema que reclama recursos para sostener su funcionamiento; por el otro, un Estado que advierte que cumplir con esa obligación —estimada en torno a los 2,5 billones de pesos— pondría en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la actual gestión de Javier Milei.

El problema es que ya no se trata solo de una discusión política. Dos fallos judiciales obligan al Gobierno a cumplir con la ley. Y ahí aparece una disyuntiva incómoda: ejecutar una norma que compromete las cuentas públicas o incumplirla, con el costo institucional que eso implica. No hay, por ahora, un punto intermedio claro.

En ese contexto, las universidades insisten en recomponer su presupuesto. El reclamo no es menor: según datos de la Fundación Mediterránea, el gasto universitario cayó en términos reales en los últimos años. Pero tampoco es un caso aislado. Otras partidas del Estado sufrieron recortes aún más profundos, desde transferencias a provincias hasta subsidios económicos.

Ahí es donde la discusión deja de ser sectorial y pasa a ser sistémica. Porque el planteo de fondo no es solo cuánto dinero reciben las universidades, sino bajo qué lógica funciona el sistema. Y en ese punto, las críticas apuntan a una estructura que muestra escasa capacidad de adaptación.

El crecimiento del sistema en las últimas dos décadas es evidente. Se crearon 23 nuevas universidades entre 2004 y 2023, llevando el total a 57. La matrícula también se expandió con fuerza, superando los 2 millones de estudiantes. Sin embargo, ese crecimiento no tuvo un correlato proporcional en los egresos, lo que abre interrogantes sobre la eficiencia del sistema.

El dato es elocuente: mientras países de la región como Chile o Brasil muestran tasas de graduación significativamente más altas, Argentina mantiene niveles considerablemente más bajos. La ecuación es difícil de sostener: más estudiantes, más recursos, pero relativamente pocos graduados.

En paralelo, la estructura del gasto agrega otra capa de complejidad. Más del 90% del presupuesto universitario se destina a salarios. Eso limita cualquier intento de ajuste o reasignación sin abordar un tema sensible: la organización interna del sistema. Y ahí aparece un límite político y cultural difícil de sortear.

La autonomía universitaria, un principio central del sistema, funciona también como barrera para reformas estructurales. No hay cierres de carreras con baja demanda, no hay una planificación coordinada de la oferta académica y la creación de nuevas instituciones muchas veces responde más a acuerdos políticos que a criterios estratégicos.

El resultado es un sistema que, en palabras de algunos analistas, se volvió difícil de ordenar. Y en ese contexto, el reclamo de sostener “la misma porción de la torta” que en el pasado choca con una realidad fiscal distinta.

La pregunta de fondo es si es posible sostener un sistema universitario gratuito, masivo y de calidad sin discutir su funcionamiento. Y, al mismo tiempo, si es viable encarar esa discusión sin poner en riesgo uno de los pilares históricos de la educación argentina.

Por ahora, la respuesta no aparece. Hay dos proyectos en tensión, dos diagnósticos que no dialogan y una negociación que no termina de abrirse. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando en una lógica que muchos describen como cerrada sobre sí misma.

La universidad, en ese sentido, no solo enfrenta un problema de financiamiento. Enfrenta un problema de adaptación. Y la política, una vez más, el desafío de encontrar un equilibrio entre lo deseable y lo posible.