La otra mochila: los u$s 68.000 M que deben las empresas

La decisión del gobierno nacional de autorizar desde enero una suba del gas (que ya había sido anunciada) para compensar a las distribuidoras que deben a las petroleras por el fluído ya distribuído y que estaba pactado en dólares tocó un nervio hipersensible en sectores que temen una “estatización” de  deudas privadas o una “licuación” motorizada desde el Estado,  lo cual es lo mismo con distinto nombre.

El temor fue hábilmente explotado por Cristina Fernández: "Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites. Ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución", tuiteó la exPresidenta, bajo cuya gestión el Banco Central vendió miles de millones de dólares a futuro muy por debajo de su cotización de mercado, beneficiando a grupos financieros y particulares y obligando al Banco Central a una emisión del orden de 60 mil millones de pesos de 2016 (no los devaluados pesos de ahora).

Se agita el fantasma del seguro de cambio de principios de los ‘80 que permitió a empresas transferir al Estado quebrantos producidos en las firmas que debían dólares cuando se produjo la mega devaluación de 1982, bajo la presidencia del dictador Roberto Viola.

Se plantea un paralelo, como si las distribuidoras de gas fueran deudoras en dólares de las petroleras, y el Gobierno interviniera para transferir la deuda en dólares a los consumidores residenciales de gas. En realidad, no es así, porque las distribuidoras son meras intermediarias entre las petroleras y los consumidores de gas. Lo que hay es un choque de gigantes entre el precio del gas en boca de pozo garantizado a las petroleras por una ley y el derecho de los consumidores que ya pagaron el gas que consumieron, que no tiene por qué revisarse en términos del código civil y comercial. La Justicia definirá para dónde se inclina la balanza.

Qué dicen las calificadoras

¿Hay razones para temer una estatización de deudas privadas? ¿Podría suceder lo mismo que en la década de 1980?

Los problemas existen. Casos puntuales han comenzado a conocerse. Y muestran situaciones delicadas. Perfil Córdoba publicó este domingo, por ejemplo, el caso de Epec. Según los últimos datos oficiales, el 74% de su deuda está en dólares. Tras la devaluación, la deuda  en  pesos  se  disparó hasta los 13.400 millones de pesos, equivalentes a 90% de los ingresos de la firma.

La calificadora de riesgo Fix expuso la situación de la azucarera y etanolera Ledesma, que tiene el 66% de su deuda en dólares, mientras que el 80% de sus ingresos están  en pesos.  Estas situaciones tienen consecuencias: para reacomodar las cargas Ledesma ya le vendió una  planta de glucosa a Cargill.

A principios de septiembre, la calificadora Fitch puso el dedo en la llaga en Mastellone (que retiene parte de La Serenísima) y en Clisa, una empresa de residuos del Grupo Roggio. La primera tiene el 100% de su deuda en dólares. La segunda, el 60%. Mastellone remarca que participa cada vez con más fuerza en la exportación, lo que le significa un ingreso de 100 millones de dólares proyectado para este ejercicio. Clisa, por lo pronto, mostró ganancias en su último balance (agosto).

Intereses por U$S 858 millones

La deuda en dólares de las empresas argentinas es espinosa. El último informe oficial del Banco Central marca que la deuda bruta (no se descuentan las acreencias en dólares del sector privado) alcanzó a fin de septiembre del año pasado los 67.942 millones de dólares. En pesos, esa deuda más que se duplicó. Descontada la inflación, tiene un peso real del orden del 60% mayor al que tenía hace un año.

¿La deuda privada en dólares aumentó en forma desaforada? No. Está al mismo nivel que en septiembre de 2015. Todavía gobernaba Cristina.

¿La deuda pesa más? Sin duda. En septiembre del año pasado  la deuda en dólares de las empresas privadas equivalía al 135% de las reservas brutas y al 12% del Producto Interno Bruto. Tras la devaluación, es seguro que superará la relación de 15% del PIB que llegó a representar en 2015. Pero es seguro que no superará el 250% de las reservas del BCRA, como había sucedido en 2015.

Un problema adicional: el alza internacional de la tasa de interés. En los primeros meses del año pasado las empresas argentinas habían pagado 858 millones de dólares en intereses. Esa cantidad es mucho más abultada.

Detalles importantes: el 39% de las deudas en dólares son entre empresas del mismo grupo empresario, lo cual no deja de ser un elemento considerable a la hora de bascular dificultades. En cambio, el 22% es deuda con múltiples tenedores de bonos y títulos y el 21% es con proveedores. Ahí hay tu tía. Hay que pagar. Algunas de esas empresas la van a tener más fácil: la plata que deben es por prefinanciación de exportaciones. O sea: deben en dólares pero cobran dólares (aunque la imposición o suba de retenciones, según el sector, les disminuye esa equivalencia). Pero otras deben dólares y cobran en pesos en el mercado interno. Son las más complicadas.

Claro que con la experiencia acumulada en la Argentina se presume que cualquier político en el Poder Ejecutivo, y cualquier funcionario en el Banco Central se cortaría las manos antes de firmar cualquier transferencia de pasivos privados multimillonarios al conjunto de la sociedad. Tendría garantizado un vía crucis ante la Justicia en las próximas décadas por venir.