Kirchneristas contra la economía y... contra Kicillof

En las últimas horas, dos intervenciones del kirchnerismo dejaron a la vista un problema que excede la discusión económica: qué posición deberá tomar Axel Kicillof si pretende encabezar una candidatura presidencial sin romper con el sector más identificado con Cristina Fernández de Kirchner.

Amado Boudou propuso revertir la ley que modificó los derechos de los trabajadores, abandonar la idea del superávit fiscal, restablecer subsidios para abaratar las tarifas y aplicar un "shock distributivo" que eleve los ingresos. Ante la pregunta de si estaba dispuesto a hacerlo, respondió que sí. El cómo quedó sin desarrollar en el fragmento difundido.

Ese vacío importa. Bajar tarifas mediante subsidios y aumentar ingresos exige explicar cómo se financiarían esas medidas. Sin esa respuesta, reaparece el interrogante que la Argentina conoce demasiado bien: qué ocurriría con las cuentas públicas y con la inflación. Presentar una mejora inmediata del poder adquisitivo sin abordar ese costo puede resultar atractivo en un discurso, pero no alcanza como programa de gobierno.

En el Congreso, Máximo Kirchner impulsa, según la información conocida, un impuesto del 3% a las transferencias internacionales de capital que salgan del país, con un 2% adicional bajo determinadas condiciones. La intención de gravar la salida de fondos también envía una señal a quienes evalúan ingresar capitales: tendrán en cuenta cuánto les costará retirarlos. Si esa barrera desalienta inversiones, la posibilidad de reactivar la economía se reduce.

Ambas posiciones alimentan la incertidumbre sobre el rumbo de una eventual alternativa de gobierno. Ese efecto económico es parte del problema, aunque sería apresurado asegurar que constituye una estrategia deliberada para provocar inestabilidad antes de las elecciones. La consecuencia política más inmediata, en cambio, se observa dentro del propio peronismo: Kicillof queda obligado a responder.

El gobernador bonaerense todavía no ha precisado, en este debate, qué haría con el equilibrio fiscal, los subsidios y la inflación si llegara a la Presidencia. Mientras conserve esa indefinición, puede reunir apoyos que difícilmente coincidirían ante una propuesta concreta. Pero la presión de Boudou y de Máximo Kirchner estrecha ese margen.

Si Kicillof hace suyas esas ideas, arriesga el respaldo de los votantes de centro que necesitaría para ampliar su base electoral. Si las rechaza, se expone a una disputa con el núcleo kirchnerista. A esa tensión programática se suma la negociación por el control político de la provincia de Buenos Aires: la discusión económica también puede funcionar como una herramienta de presión para obtener concesiones en ese armado.

Por eso estas declaraciones no son un intercambio interno sin consecuencias. Cada propuesta sobre impuestos, subsidios o cuentas públicas influye en las expectativas de quienes invierten, producen y trabajan. Y, al mismo tiempo, obliga a quien aspira a gobernar a decir qué haría realmente. Kicillof podrá postergar la definición; las consecuencias de esa indefinición ya forman parte de la discusión pública.