Hacer el aguante a los bancos: los jubilados también

En la Argentina, todos parecen estar haciéndoles el aguante a los bancos. También los jubilados.

No todos ellos deben dinero a una entidad bancaria tradicional. Muchos recurrieron a fintech, financieras privadas u otros prestamistas para cubrir gastos cotidianos que sus ingresos ya no alcanzan a sostener. Pero el resultado es el mismo: deudas cada vez más difíciles de pagar, tasas elevadas y una morosidad que crece rápidamente.

Entre los jubilados, la proporción de personas atrasadas en sus pagos pasó del 4,1% al 11,4% en apenas un año. Casi se triplicó.

El porcentaje todavía está en línea con el promedio general de la sociedad, que supera el 12%. El dato preocupante no es solamente el nivel alcanzado, sino la velocidad del deterioro. En pocos meses, miles de adultos mayores dejaron de poder cumplir con compromisos que, hasta hace poco, conseguían sostener.

Detrás de ese fenómeno aparece la pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre quienes cobran la jubilación mínima. El Gobierno decidió abandonar el achatamiento permanente de la pirámide previsional, pero lo hizo mediante una fórmula que dejó congelado el bono extraordinario.

Ese suplemento no fue actualizado por inflación y, por lo tanto, cada mes compra menos. En los hechos, una parte importante del ingreso de los jubilados de menores recursos fue absorbida por el ajuste. La consecuencia es conocida: cuando la jubilación no alcanza, aparece la deuda.

El problema se vuelve todavía más difícil de justificar cuando se observa el funcionamiento del sistema financiero.

Los bancos pagan alrededor de un 21% anual por un plazo fijo, pero cobran aproximadamente un 66% nominal por un préstamo personal. La diferencia es enorme: quien deposita 100 pesos recibe 121 al finalizar el año; quien pide prestados esos mismos 100 pesos debe devolver, como mínimo, 166.

Y eso es apenas la tasa nominal. Cuando se agregan seguros, comisiones, impuestos y demás cargos, el costo financiero total puede superar ampliamente el 100%.

La brecha entre lo que las entidades pagan por captar dinero y lo que cobran por prestarlo es la más elevada de los últimos 14 años. Lo más llamativo no es que haya surgido durante una etapa de turbulencia financiera, sino que se mantenga durante tantos meses sin mostrar una corrección significativa.

Los bancos tienen argumentos atendibles. Sus depósitos suelen ser de corto plazo, mientras que los préstamos necesitan plazos más extensos. También afrontan una presión impositiva elevada y tasas municipales que, en algunos distritos, agregan uno o dos puntos al costo financiero.

Pero esas condiciones no comenzaron este año. Existían antes y, por sí solas, no alcanzan para explicar por qué la diferencia continúa siendo tan extraordinaria.

¿Por qué las entidades no refinancian de manera razonable las deudas de quienes todavía tienen posibilidades de pagar?

Si un préstamo se vuelve definitivamente incobrable, el banco debe registrarlo como pérdida y asumir el impacto sobre su balance. Frente a esa posibilidad, resultaría más lógico convocar al deudor, extenderle los plazos y reducirle la tasa. Bajar un crédito del 66% al 40%, por ejemplo, todavía dejaría un margen considerable respecto del 21% abonado por los depósitos.

El banco conservaría rentabilidad y el cliente tendría una oportunidad concreta de ponerse al día. Sería negocio para ambos. Sin embargo, esa salida avanza con una lentitud difícil de comprender.

La cuestión excede ampliamente a los jubilados. Sin crédito, la economía argentina difícilmente pueda volver a crecer.

Cuando un gobierno decide frenar la emisión monetaria para combatir la inflación, el financiamiento privado debe ocupar parte de ese espacio. El ahorro de una persona se transforma, a través del sistema bancario, en el préstamo que otra necesita para comprar una vivienda, cambiar un auto, invertir o atravesar una dificultad transitoria.

En la Argentina, ese mecanismo prácticamente no funciona.

Los hogares chilenos acumulan deudas equivalentes al 46% del producto bruto interno. En nuestro país, esa relación apenas llega al 6%. Mientras en Chile alrededor del 72% de las familias mantiene alguna deuda bancaria, en la Argentina solamente el 24% de los hogares tiene una relación crediticia con una entidad.

No es una virtud vivir sin crédito. Es la demostración de que buena parte de la sociedad quedó afuera del sistema financiero o solamente puede ingresar mediante tarjetas, descubiertos y préstamos con costos desproporcionados.

Por eso, la solución no debería consistir en un salvataje general a los deudores que termine garantizándoles a los bancos el cobro de tasas astronómicas. Eso sería, en realidad, un nuevo rescate al sistema financiero pagado por toda la sociedad.

Las entidades deben hacer el trabajo para el cual existen: evaluar cada situación, distinguir al deudor transitoriamente complicado del insolvente, refinanciar cuando sea posible y prestar a tasas racionales.

Hasta ahora, el esfuerzo parece concentrado de un solo lado. Lo hacen los trabajadores, las familias y también los jubilados. Mientras tanto, los bancos continúan cobrando tasas incompatibles con una economía que pretende recuperar el crédito y volver a crecer.