Entre el teorema de Baglini y el juego del distraído

El sábado, el intendente de Córdoba y candidato a la gobernación, Ramón Mestre, ratificó ante un grupo de jubilados que, si lo elegimos, restituirá el 82% móvil a los ex empleados de la Provincia y los municipios. “Basta de fórmulas pícaras”, dijo, en relación al recálculo de ese 82% que se fijó por ley en casi 73% y que ya tiene el aval de la Justicia.

Es increíble. Por empezar, porque el padre de la “fórmula pícara” fue Ramón Mestre padre. Luego de recibir una provincia incendiada por el déficit de Eduardo Angeloz, Mestre modificó una ley por decreto.

Según ese decreto, donde la ley decía “82%” debía interpretarse el 82% del salario de los activos... una vez descontados los aportes. O sea, era “el 82 del 82”, igual a casi el 73% que se paga hoy.

Unión por Córdoba mantuvo en sus primeras gestiones el decreto de Mestre padre, que años después fue volteado por la Corte Suprema, dado que era un decreto que modificaba una ley.

Ante los hechos consumados, De la Sota sacó pecho y anunció que restituía el 82% que nunca había repuesto antes teniendo el poder para hacerlo.

Poco después, cuando las finanzas de la Provincia volvieron a temblar y la Anses de Cristina Fernández dejó de enviar fondos que correspondían a la Provincia, Juan Schiaretti tuvo que poner la cara e impulsar una reforma previsional que restableció “el 82 del 82”, pero esta vez por ley.

Aun así, hoy a la Caja de Jubilaciones le faltan 10 mil millones de pesos al año para cerrar sus cuentas y pagar haberes que, aún con el 73%, no sólo triplican a las nacionales, sino que son mayores al salario bruto privado promedio de los activos en Córdoba (38.900 contra 35.300 a fin de 2018).

¿Qué puede llevar a Mestre hijo a prometer revivir un clásico que ya le costó dos crisis financieras graves a la Provincia y que golpearía a un sistema previsional que dista de ser sólido?

La mejor explicación a mano la da el llamado “teorema de Baglini”: “Cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven”. En cristiano: prometer no cuesta nada cuando sabés que no vas a gobernar.

Epec, maestros e impuestos

Mucho de eso se ve en la campaña provincial, donde todas las encuestas y borras de café predicen que va a ganar Schiaretti por muy amplio margen. Así, Mario Negri ha dicho que piensa bajar en hasta 40% lo que Epec cobra por distribuir la luz sólo ahorrando en suministros y obras mal gestionadas y achicando corrupción.

Seguramente hubo y hay sobreprecios y pésimas decisiones en Epec. Pero, como lo dice Negri, uno interpreta que alrededor de 10 mil millones de pesos de los ingresos totales de Epec (50 mil millones por distribuir, generar y revender energía según el presupuesto 2019) se están robando. Parece demasiado. En todo caso, da la impresión de que la baja de tarifas prometida con esa herramienta no podría llegar a tanto o demasiado rápido.

Son dos ejemplos, pero hay más. Mestre, sin ir más lejos, propone elevar los salarios docentes provinciales al nivel de los municipales a medida que se capaciten. Y -no es el único- propone a la vez una moderada baja de impuestos.

Cuidado: la Provincia no es la Municipalidad, que maneja apenas 38 escuelas, una porción marginal de la enseñanza, incluso en la capital provincial. Este año, prácticamente el 20% de todo el presupuesto provincial irá a sueldos docentes. Para cada puntito extra que se quiera aumentar hay que tener como mínimo 400 millones en la billetera.

Y eso a los “precios cuidados” del presupuesto sancionado a fin de año. Porque Schiaretti de por sí ya se metió en un pasillo al déficit con la cláusula gatillo que les firmó a todos los estatales provinciales reconociéndoles automáticamente el ajuste por inflación. Ya hace meses que la recaudación provincial crece bien por debajo de los gastos salariales. El próximo gobierno provincial no podrá ser expansivo con los sueldos. Más bien va a estar forzado a ahorrar.

Todos en el mismo tren

Seguro de ganar la gobernación, Schiaretti, en cambio, prácticamente no dice nada. Típico del Teorema de Baglini. Pocas promesas. La más llamativa, la del Ferrourbano, no es para la provincia.

Es para la ciudad: un subsidio partidario para el candidato a intendente de Unión por Córdoba, Martín Llaryora, que todavía espera el aval de la Justicia para competir para intendente de una ciudad de la que no es un vecino.

Lo cual nos lleva a la campaña por la Municipalidad de Córdoba. Por suerte la propuesta del Ferrourbano se ha prestado de nuevo a presentar sus servicios de campaña. También Luis Juez se sube a ese tren.

Los tres sapazos

Si no fuera por esos viejos planos de viejos tendidos ferroviarios remasterizados, no sabríamos de qué hablar en la campaña por la Intendencia.

Es que entre los candidatos para manejar la ciudad casi no corre el Teorema de Baglini. Lo que hay es un enorme silencio sobre el obeso y viejo batracio que nadie quiere degustar en esta ciudad: cómo hacer para que el municipio pueda liberarse de las tres corporaciones mayormente gremiales que lo tienen maniatado desde hace ya demasiados años.

Excepto Olga Riutort, que al menos ha propuesto desdoblar el horario de trabajo de los municipales -con lo cual, asegura, se podrá ahorrar en horas extra- se escucha poco más. Una salvedad: en Cadena 3, Rodrigo De Loredo le dijo al periodista Luis Fernández Echegaray que de ser electo pondrá en práctica la idea de Riutort. 

La Municipalidad tiene gran parte de su presupuesto gastado de antemano en una burocracia cuyos servicios no se perciben pese a que es la más cara de la provincia. Encima, ya va para dos años que esa casta tiene sus ingresos atados automáticamente a la inflación, con lo cual el resto de la sociedad -que la mantiene con sus impuestos- se ajusta cada vez más mientras ella, en términos relativos, se agranda.

Asombra escuchar el temor reverencial con el que quienes quieren ser intendentes esquivan el tema para no enfrentarse a quienes, si llegan a resultar elegidos, les van a impedir gobernar.

Que se entienda: no hay golpistas ni nada por el estilo entre los municipales. Es sólo que desde hace años a los intendentes no les queda jamás una moneda para tapar baches luego de pagar sueldos de los empleados (y contratos para que alguien más haga muchas cosas que la planta de personal no hace). En semejante silencio, nadie habla siquiera de congelar en serio las vacantes.

El bondi que nunca pasa

Lo mismo sucede con la corporación empresario-gremial que malmaneja el transporte público. Que se sepa, no hay candidato que haya planteado una nueva autoridad metropolitana de transporte, una revisión de las condiciones en que trabajan los empleados nucleados en la UTA o nuevos contratos que contengan incentivos para que las empresas prestatarias tengan algún motivo para transportar más pasajeros por menos plata.

Un mínimo de flexibilidad horaria y la adopción de la misma jornada laboral que en el resto del país son una de las llaves para abaratar uno de los servicios más caros del país, en una ciudad que se está quedando desde hace años sin transporte público. Pero a este colectivo siempre lo perdemos.

Al menos paren de contratar

Algo similar pasa en el servicio de recolección de basura. Mestre ya puso en marcha un nuevo contrato que va a durar ocho años y que nadie se podrá sacar de encima sin pagar fortunas en indemnizaciones. Pero está habilitada una contenerización acotada que, para que se cumpla, necesita una condición: que el sindicato Surrbac permita al menos la reducción vegetativa del plantel de empleados. Es decir, que no se reemplacen las jubilaciones. En lugar de eso, esos puestos pueden reemplazarse con la contenerización, que permite juntar los mismos residuos con menos empleados y a menor costo.

Son vías posibles para ahorrar algo en una ciudad cara para los contribuyentes y miserable para los vecinos. Pero esas tres corporaciones no pueden ser enfrentados por un intendente. Ya se han devorado a media docena. Para reducir esos costos hacen falta alianzas políticas en serio, fraguadas en el Concejo Deliberante, en el poder político que supervisa a la Justicia y en la opinión pública. Una campaña electoral debería ser un momento crucial para que una ciudad discuta cómo recuperar el control de su presupuesto. Pero todo indica que esta vez tampoco va a suceder.