Empresarios argentinos piden respeto y dicen que "ellos no fueron"

La tensión entre el presidente Javier Milei y parte del empresariado sumó un nuevo capítulo esta semana. Tras los cuestionamientos lanzados en la apertura de sesiones legislativas, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) respondió con un comunicado medido en las formas pero firme en el fondo: pidió respeto y marcó que "no son responsables de las distorsiones acumuladas durante tantos años".

El tono fue cuidadoso. Hablaron de diálogo constructivo, de condiciones básicas para el desarrollo, de la necesidad de reconocer el rol de quienes producen, invierten y generan empleo. En otras palabras: "pisemos la pelota".

Ahora bien, el punto más interesante no es el reclamo de formas —que en un país crispado nunca es menor— sino el contenido. Cuando AEA dice "no somos responsables", abre una discusión. Porque en la Argentina de las últimas décadas no todos jugaron el mismo partido.

No todo lo que se presenta como "empresa privada" funcionó bajo reglas de mercado genuinas. ¿Qué tan privado es un negocio que durante cinco años goza de un arancel antidumping del 29% contra su competidor chino y pasa de concentrar el 67% al 93% del mercado? ¿Es pura eficiencia o es regulación protectiva? Y si es lo segundo, ¿hay responsabilidad compartida en el modelo que hoy se cuestiona?

Lo mismo ocurre con el sistema financiero. Durante años, los bancos operaron bajo un esquema de regulaciones que, en la práctica, les garantizaba rentabilidad: misma tasa para plazos fijos, colocación casi automática de fondos en el Banco Central o en el Tesoro, escaso crédito al sector privado, nulo riesgo comercial real. Con un pacto tácito —incluida la estabilidad laboral— el sistema atravesó una década de revolución tecnológica global sin adaptar su estructura de costos. Nadie levantó la voz entonces.

Hoy el escenario cambió. Sin la renta asegurada por el Estado, los bancos deben competir por depósitos, prestar al sector privado, asumir riesgos, reducir costos. Y aparecen los cierres de sucursales, los cajeros que se levantan, los puestos que no se reemplazan. El ajuste llega concentrado. Lo que no se hizo en diez o quince años, ahora cae de golpe.

¿Son responsables de las distorsiones acumuladas? No exclusivamente. Pero tampoco fueron ajenos a ellas cuando el esquema los beneficiaba.

Por eso la discusión exige matices. No todos los gatos son pardos. Hay empresarios que compiten, exportan, invierten y sobreviven en contextos hostiles. Y hay otros cuya rentabilidad dependió más del Boletín Oficial que de la productividad. Mezclarlos en un mismo reproche general es injusto; absolverlos a todos por igual, también.

En paralelo, el Gobierno envía señales mixtas. Levanta protecciones en algunos sectores —como ocurrió con el aluminio— y mantiene aranceles en otros, como en el caso de las llantas para vehículos. Hay casos y casos. La apertura económica no es un interruptor binario; requiere análisis fino, país por país, sector por sector, con criterios de reciprocidad.

Esa, de hecho, es una de las líneas que deslizan los empresarios: abrir, sí, pero con cuidado. Un mensaje que también resonó en el encuentro que el ministro Luis Caputo mantuvo en Córdoba con industriales locales. El planteo no fue defensivo sino estratégico: el rumbo puede ser correcto, pero la velocidad y la secuencia importan.

Argentina enfrenta un proceso delicado. Desarmar distorsiones sin destruir capacidad productiva es una tarea quirúrgica. En ese contexto, el respeto no es una cuestión protocolar: es una condición para que el diálogo sea posible. Y el diálogo, a su vez, es indispensable para distinguir entre quienes necesitan competir y quienes necesitan protección.

Del lado del Gobierno, moderar el tono puede ayudar. Del lado empresario, asumir que no todos estuvieron del lado correcto de la historia económica también es parte del sinceramiento.

Porque si algo dejó claro esta etapa es que el modelo anterior se agotó. Lo que está en discusión ahora es cómo se construye el siguiente.