Emirato de Neuquén: decime que subís las regalías sin decirme que subís las regalías

Neuquén encontró una manera de cobrarle más a la actividad petrolera sin anunciar un aumento de las regalías: encarecer el agua que necesita para producir. Decime que subís la carga sobre el petróleo sin decirme que subís las regalías. La fórmula tiene otro nombre, pero vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede seguir exigiendo una provincia que recibe ingresos extraordinarios de Vaca Muerta?

La magnitud de esos recursos merece atención. En septiembre, las regalías de petróleo y gas, junto con el Canon Extraordinario de Producción, representaron el 56,2% de los principales ingresos provinciales: $419.250 millones sobre un total de $746.396 millones. Las regalías petroleras, por sí solas, sumaron $319.867 millones, frente a $92.195 millones de coparticipación federal. Más de tres veces lo que llegó por ese reparto.

Esa transformación económica debería abrir una discusión federal. Neuquén sigue participando de un sistema de distribución de impuestos cuyos criterios se fijaron hace décadas. ¿Cuánto refleja ese reparto la capacidad fiscal que hoy tiene cada provincia? ¿Cuánto contempla la riqueza que algunas jurisdicciones obtienen de sus recursos naturales? La pregunta alcanza a todo el país, pero Vaca Muerta la vuelve especialmente visible.

A eso se agregan los beneficios nacionales para los proyectos que ingresan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI. Son ventajas tributarias que buscan atraer capital y acelerar la producción. Neuquén recibe parte de los frutos de ese desarrollo, mientras el esfuerzo fiscal para promoverlo también involucra al Estado nacional. Corresponde mirar ambas caras de la cuenta.

El crecimiento, por supuesto, exige rutas, servicios e infraestructura. La provincia acordó con las operadoras aportes iniciales por US$154,5 millones, ampliables hasta US$177,675 millones, para obras viales. Esos fondos serán recuperables mediante su imputación a futuras regalías o al canon extraordinario de producción. Se trata de un adelanto para financiar obras, y esa diferencia importa.

El canon del agua plantea otra discusión. Desde julio, cada metro cúbico destinado a perforaciones no convencionales se cobra al equivalente de 2,5 litros de gasoil grado 3 de YPF en Neuquén capital. Desde el 1 de enero de 2027 serán tres litros. Con un combustible de $2.500 por litro, por ejemplo, el canon llegaría a $7.500 por metro cúbico. Es una cuenta ilustrativa: el monto efectivo dependerá del precio de referencia.

Estamos hablando de agua cruda que las empresas captan para su actividad. La comparación con una tarifa domiciliaria de agua potable puede llamar la atención, aunque requiere considerar cargos, escalas y servicios diferentes. La cuestión central es cuánto agrega este canon al costo de producir y qué justifica su magnitud.

El gobierno provincial sostiene que busca incentivar la recuperación y reutilización del agua. También promueve su aprovechamiento complementario en proyectos agropecuarios y otras actividades productivas. Son objetivos atendibles. Cuidar el recurso y diversificar una economía petrolera tiene sentido.

Pero esos objetivos deben venir acompañados de explicaciones: qué volumen puede recuperarse, qué tratamientos requiere, cuánto cuestan las inversiones y cómo se medirá el resultado. La provincia invoca una emergencia hídrica; sería incorrecto suponer que el agua sobra simplemente porque los ríos desembocan en el mar. También sería insuficiente presentar cualquier aumento como una medida ambiental sin demostrar su eficacia.

Ahí está el punto político. Si el propósito es ahorrar agua, el éxito debería medirse por la reducción del consumo y el aumento del reúso. Si el principal resultado termina siendo una recaudación mayor, habrá razones para preguntar cuánto pesa la preocupación ambiental y cuánto la voluntad de cobrar más.

El RIGI agrega otra pregunta. Sus garantías de estabilidad y sus restricciones a nuevos gravámenes locales obligan a examinar la compatibilidad del canon con los proyectos efectivamente adheridos. No alcanza con anunciar que viola el régimen: hay que analizar su naturaleza jurídica y el alcance de las protecciones. Pero tampoco debería alcanzar con llamarlo canon para dar por resuelta la discusión.

La Constitución reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Ese derecho convive con una responsabilidad política: considerar los efectos de sus decisiones sobre una actividad estratégica para la Argentina.

Cada costo adicional puede afectar la rentabilidad, las inversiones y la competitividad. Su traslado al surtidor dependerá del mercado y de la política comercial de las empresas; no es automático. Sin embargo, el riesgo merece atención. Los consumidores también tenemos interés en saber cuánto de lo que pagamos responde a costos productivos y cuánto a decisiones recaudatorias.

Neuquén tiene derecho a beneficiarse de Vaca Muerta. El resto del país tiene derecho a discutir las condiciones de ese beneficio cuando aporta incentivos, comparte el sistema tributario y puede afrontar parte de los costos.

El emirato es una metáfora. La pregunta es concreta: ¿cuánto más se puede cobrar alrededor del petróleo antes de empezar a debilitar la actividad que genera esa riqueza?