El riesgo de un fondo sojero II, peor que el anterior

El famoso ajuste que iban a hacer la Nación, las provincias, los municipios y todas las corporaciones sindicales y pseudoempresarias que viven de los impuestos y los subsidios ya está lo suficientemente desflecado. Al final, lo más probable es que esta semana lo que salga del Congreso sea más un paquetazo de impuestos que uno de recortes. Y a los ajustes los deberá seguir haciendo el mismo sector privado de siempre, sean asalariadas, empleados en negro, empresarias, industriales, profesionales, autónomos o changuistas.

El caso del impuesto a los Bienes Personales es el más grosero. Cualquier familia que tenga una casa y un auto superará tranquilamente la base no imponible de apenas dos millones de pesos que se prevé. Sobre el exceso, pagará impuestos. Triple imposición: esa familia ya paga un impuesto provincial e impuestos municipales disfrazados de tasas tanto sobre viviendas como autos. Ahora se suma otra instancia.

Se dirá que este no es impuesto que pague sólo el sector privado sino también el estatal; que un funcionario de un municipio lo pagará tanto como el empleado de una industria alimentaria. Es cierto. La diferencia es que el funcionario municipal cobra su sueldo gracias a impuestos como el de Bienes Personales. El otro no.

Otra paliza al campo y van...

¿Quién fue el chistoso que cayó a las reuniones de funcionarios del ejecutivo, ministros de finanzas provinciales y legisladores con la genial idea de aumentar este  impuesto en lugar de poner en caja los presupuestos públicos? Dicen que la idea original salió de Salta y consistió en aplicar el impuesto sobre bienes radicados en el exterior. Luego fueron sumando hasta abarcar a todo el mundo. La exaltación de los recaudadores.

El caso más grotesco es el del campo. A nadie se le ocurriría considerar que la máquina de una industria dentro de un galpón es un bien personal. Sin embargo los diputados no tienen ningún empacho en gravar la tierra como si no se tratara de un factor de la producción como cualquier otro. La consideran riqueza personal. Como si la gente de campo viviera de vender 10 hectáreas cada año. Un campo en el que se invierten millones cada año para sacar de él granos, leche o carnes es, para esta gente, lo mismo que un yate.

Con una diferencia: el yate no pagó previamente un impuesto extraordinario que nadie más paga, como sucede con el agro y las retenciones a las exportaciones de sus principales productos: soja, maíz, harina de soja y aceite.

El campo acumula masazos: la baja de los precios internacionales, la quita de la devolución de impuestos a los bienes agroindustriales más elaborados, la suba de retenciones (ahora no sólo porcentuales sino también en un monto fijo por dólar que se acrecienta a medida que baja el valor de la divisa) y, ahora, la restitución de Bienes Personales.

Otra vez Centralia

La galleta que se está armando es peor que la del fondo sojero que se nutría de las retenciones. Por dos razones. Una es jurídica. Bienes Personales es un impuesto que se coparticipa. Y va a estar fijado por ley. Las retenciones eran atributo nacional. Y el fondo sojero una concesión de la Presidencia a los municipios. Cuando lo quieran eliminar no va a bastar un decreto presidencial. Va a ser necesario conseguir una mayoría en el Congreso.

La otra razón tiene que ver con los desequilibrios geográficos y políticos de la Argentina. El impuesto a los Bienes Personales sobre el agro se va a recaudar sobre todo en las provincias de lo que aquí venimos llamando Centralia (interior de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, San Luis), que siempre aportan muchos más impuestos que los legisladores que tienen en el Congreso.

Es de Bienes Personales al campo también va a ser otro tributo (¡otro más!) que esta región “exportará” a las demás provincias que pagan pocos impuestos y, encima, se benefician por los privilegios en el reparto de la coparticipación.

Es raro que Juan Schiaretti, María Eugenia Vidal o Miguel Lifschitz no hayan puesto el grito en el cielo. Los campos de sus provincias van a terminar financiando aún más las burocracias clientelares que engorda sin parar en la mayoría de las provincias. Y cuando lo quieran quitar,  no van a poder. Es el fondo sojero, pero peor.

Un 3% más

Los cordobeses tuvieron al menos un reflejo. Introdujeron en el dictamen que hoy se volverá a analizar el artículo 5, para que se tome como valuación fiscal la misma que había hasta el 31 de diciembre de 2017, actualizada por inflación. De modo que si una provincia revalúa los inmuebles rurales no beneficie a las provincias que no lo hagan. Aunque el ajuste por inflación puede que termine siendo peor que el remedio.

En Córdoba, en la zona núcleo, la valuación fiscal está en el orden del 20 por ciento del valor de mercado. Un campo de 200 hectáreas, por ejemplo, puede tener una valuación fiscal de unos 400 mil dólares, aunque expresada en pesos. El impuesto que pagará rondará los mil dólares anuales: unos 38 mil pesos al año. El resultado operativo de 200 hectáreas de soja después del pago de impuestos y del alquiler de la tierra ronda, según Fada, 1,2 millón de pesos. O sea que, además de retenciones y toda la parafernalia impositiva, el Estado le quitará al agro otro tres por ciento, todos los años. Haya sequía o no. Con anegamientos o sin ellos. Bajen los precios internacionales o no. Se plante soja o se pastoreen animales.

En el Congreso sigue habiendo una mayoría abrumadora de personas que creen que la riqueza del campo está en la tierra y no en la inversión, el trabajo y el esfuerzo que se aplican a ella.

La metida de manos en los bolsillos de siempre no para: mientras esto sucede, los jueces y demás magistrados de los poderes judiciales, más todos sus empleados de la Nación y de las provincias, siguen sin pagar… ¡el impuesto a las Ganancias!