El rarísimo y curioso "apartheid" de Israel

Hay un dato de las elecciones israelíes que debería incomodar a quienes describen a todos los árabes de ese país como una población sin derechos políticos: sus representantes pueden resultar decisivos para construir la próxima mayoría parlamentaria. Una discusión seria sobre Israel tiene que hacerse cargo también de esa realidad.

Las proyecciones del escrutinio, todavía provisionales, asignan 53 bancas al bloque de Benjamin Netanyahu, 48 al encabezado por Gadi Eisenkot y 19 a los partidos árabes. En una Knéset de 120 miembros, ninguno de los dos grandes bloques alcanza por sí solo los 61 escaños que constituyen la mayoría absoluta.

La consecuencia política es evidente: los representantes árabes tienen una capacidad de negociación que resulta difícil de conciliar con la imagen de una comunidad completamente excluida de las instituciones. Pueden votar, presentar candidatos, obtener bancas y participar de los acuerdos que sostengan un gobierno. Su presencia cuenta en la aritmética del poder.

Conviene, además, utilizar las palabras con precisión. Árabe, palestino y musulmán no son sinónimos: remiten a identidades culturales, nacionales y religiosas que pueden superponerse, pero que no deben confundirse. Tampoco corresponde presentar a todos los partidos árabes como organizaciones religiosas.

La participación institucional tiene antecedentes que exceden esta elección. En 2022 fue designado Khaled Kabub como el primer juez musulmán permanente de la Corte Suprema israelí. Ese hecho no elimina las desigualdades que puedan existir, pero obliga a considerar una realidad más compleja que la de una separación absoluta entre comunidades.

Ahora bien, el argumento requiere una distinción fundamental. Los ciudadanos árabes israelíes y los palestinos de Gaza y Cisjordania no tienen la misma situación jurídica ni los mismos derechos políticos. Human Rights Watch, que acusa a las autoridades israelíes de cometer apartheid y persecución, reconoce expresamente esa diferencia y sitúa el umbral de represión que fundamenta su conclusión en los territorios palestinos ocupados. Por eso, una elección israelí no resuelve por sí sola esa controversia.

Lo que sí cuestiona es una descripción que borre la ciudadanía y la representación de los árabes israelíes. Para discutir una acusación tan grave hay que precisar qué conductas se denuncian, dónde ocurren y sobre quiénes recaen. Convertirla en una etiqueta que explique todo empobrece el análisis y vuelve invisibles hechos relevantes.

También sería apresurado confundir la posibilidad matemática de un acuerdo con su viabilidad política. El bloque de Eisenkot y los partidos árabes sumarían 67 bancas, pero existen resistencias a esa cooperación. Netanyahu, mientras tanto, continúa como primer ministro interino: quedarse sin mayoría propia no supone abandonar automáticamente el cargo.

En ese escenario aparece una prueba concreta para la dirigencia israelí: reconocer la legitimidad de los representantes árabes también cuando sus votos pueden decidir quién gobierna. La ciudadanía adquiere su mayor significado cuando obliga a negociar con quienes piensan distinto.

El antisemitismo debe ser denunciado cuando aparece, y la crítica a un gobierno debe poder ejercerse sin convertirse en hostilidad contra los judíos. Ambas exigencias son compatibles. También lo son reconocer los derechos políticos de los árabes israelíes y examinar las denuncias sobre los territorios palestinos.

Las urnas dejaron un hecho que merece atención: esa minoría tiene voz y puede tener una influencia decisiva. Quien quiera explicar Israel con honestidad deberá incorporar ese dato, incluso cuando le complique el relato.