El país Papá Noel: regalos para casi todos

Lo dijo muy suelto de cuerpo, hace unos días. Fue Ubaldo Matildo Fillol, arquero de la Selección ganadora del Mundial ‘78. Según él, el Congreso tiene que darles a él y a sus excompañeros una pensión económica por haber ganado un campeonato de fútbol. Como si nunca lo hubieran cobrado. Como si no se hubieran transformado en estrellas del deporte. “Que dicten la ley porque se nos está yendo la vida”, dijo.

Esto no es lo alucinante: Fillol puede decir lo que quiera. Lo alucinante es que estas cosas puedan ser dichas en una sociedad sin que a nadie le sorprendan, porque son parte del sentido común descalabrado de los argentinos.

“Dramático pedido del Pato Fillol para héroes del 78 y del 86”, tituló un medio de comunicación. ¿Qué es lo dramático? ¿Héroes de qué? ¿Por qué tendríamos que disponer del dinero público de un país quebrado sistemáticamente en los últimos 50 años para regalárselo a personas que fueron muy exitosas?

La de Fillol es apenas una anécdota menor en una sociedad convencida de que el dinero llueve, es una ocurrencia meteorológica. Es razonable: 21 millones de sus 44 millones de habitantes cobran un sueldo, una jubilación, una pensión, una asignación o un “plan social” del Estado. Todo eso en un país en el que hay apenas 6,2 millones de asalariados privados en blanco; la base de la economía blanca que debe, al mismo tiempo, ser lo suficientemente productiva para sobrevivir y generar la riqueza sobre la que se aplican los impuestos para mantener a todos los demás. Y a Fillol y a sus amigos también. Esos sí que son héroes.

Hay un Papá Noel, digamos, por cada 3,4 habitantes.

No son sólo pensionados los que creen tener derecho a que quienes trabajan deban mantenerlos, incluso si para eso deben resignarse por años a ser esquilmados, a no contar con acceso al crédito o a recibir caros pero pésimos servicios públicos y soportar una infraestructura lamentable.

Ni lo vieron venir

Pero hay cosas peores. La semana que viene comenzará a definirse en Nueva York cuánto le va a costar a la Argentina la última etapa del desquicio administrativo y/o corrupción galopante que significó la gestión del kirchnerismo en lo que a YPF se refiere. Si fue una u otra cosa, lo deberá definir la Justicia. Se trata de un juicio iniciado tras la estatización de YPF.

El genio de las nacionalizaciones y presunto exorcista de buitres Axel Kicillof no se dio cuenta, confundido por su tosca retórica nacionalista, de que, cuando confiscó las acciones de Repsol estaba dejando abierta una puerta a un reclamo que hoy ronda los 3.000 millones de dólares. 15 años antes, cuando su jefa, Cristina Kirchner, había avalado la privatización, se escribió un estatuto según el cual, si el Estado compraba una mayoría accionaria de YPF se obligaba a comprar también las porciones minoritarias. Era para proteger a inversores chicos, que nunca iban a tener el control de la firma y que iban a dejar de cobrar dividendos si, de golpe, la Argentina volvía a tomar la firma para dedicarse con ella no a generar dinero sino a hacer política partidaria, como efectivamente sucedió.

Los estatizadores de Cristina ni siquiera deben haber leído los estatutos, ocupados como estaban en cantar “aquí tenés los pibes para la liberación”.

Eso fue casi seguro estupidez e ignorancia. Pero lo que siguió es de una perversión pocas veces vista. El grupo Petersen, que había comprado sin plata un cuarto de YPF gracias a la presión y a la política energética de Néstor Kirchner para quedarse con el control Repsol aún a costa de que se dejara de invertir en los hidrocarburos argentinos, vendió entonces sus acciones ya inservibles de YPF a un grupo que Kicillof y sus amigos hubieran definido claramente, si se hubieran percatado entonces, como un… fondo buitre. Pero los genios no lo vieron ni venir.

Hasta el día del Arquero

Burford se dedica en efecto a comprar activos de valor miserable para ver si, con el tiempo, puede ganar a partir de ello un juicio millonario. Está a punto de lograrlo. Ya ganó instancias inferiores. Ahora, la Argentina pide, en un nuevo incidente judicial, que el caso se tramite en tribunales argentinos. Suerte con eso. Mientras, es mejor ir ahorrando: la fiestita en el palco del nacionalismo petrolero nos sigue costando fortunas.

Somos un país de Papás Noeles. Seis millones de idiotas pagando fiestas interminables que parece que no van a terminar nunca. Ni el día de Fillol.