El Congreso se prepara para gobernar sin que se note

El Congreso dio un golpe de timón que redefine el equilibrio de poder en el país, y lo hace con una sutileza que busca esquivar responsabilidades. Con la media sanción en el Senado a una reforma clave sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), impulsada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, se desmanteló un instrumento que los gobiernos, desde Néstor Kirchner hasta Javier Milei, utilizaron —y abusaron— para gobernar sin pasar por el Legislativo. Este cambio, presentado no es menor: traslada el poder al Congreso, dejando al Ejecutivo en una posición de debilidad sin precedentes.

Los DNU, históricamente, fueron una herramienta para sortear al Congreso. Desde los 236 decretos de Néstor Kirchner, muchos de los cuales —según estudios de la Universidad Torcuato Di Tella— no cumplían con los requisitos de necesidad ni urgencia, hasta los 78 de Cristina Fernández, los DNU sirvieron para decisiones tan controvertidas como la reestatización de Aguas Argentinas, convertida en un pozo de financiación política, o el establecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009, cuando el Congreso ya tenía proyectos similares listos. Cristina reguló los DNU en 2006, pero de manera que facilitaran su uso: un decreto entra en vigencia de inmediato y solo cae si ambas cámaras lo rechazan. Esto permitió gobernar con una “escribanía” legislativa, como se llamó al Congreso en aquellos años.

Ahora, el escenario cambió. La reforma aprobada establece que los DNU no rigen automáticamente, tienen 90 días para ser tratados y caen si una sola cámara los rechaza. Con Milei contando apenas con el 10% de los legisladores, este cambio anula en la práctica su capacidad de gobernar por decreto. El poder pasa al Congreso, donde se consolidó una mayoría que reúne al kirchnerismo, a casi todos los gobernadores y a lo que podríamos llamar el "partido del gasto público". Este bloque, que incluye desde el trotskismo hasta legisladores provinciales, defiende un modelo basado en el gasto desenfrenado, financiado por impuestos —incluido el inflacionario— que históricamente alimentó clientelismo, demagogia y crisis recurrentes.

Enfrente, Milei, que representa —o representaba— a los pagadores de impuestos, queda con una sola arma: el veto. Pero con una minoría legislativa tan exigua, su capacidad de maniobra es casi nula. El Congreso, liderado por esta facción mayoritaria, no solo controla el juego, sino que parece decidido a no asumir la responsabilidad de sus decisiones. Leyes que obligan a gastar más, sin sustento fiscal, amenazan con revertir los avances en la reducción del impuesto inflacionario, el impuesto país y las retenciones, pilares de la política antiinflacionaria de Milei.

¿Podrá este Congreso, dominado por los "gastadores de impuestos", sostener una política antiinflacionaria? La historia argentina sugiere que no. Las crisis recurrentes —como la de 2001— muestran un patrón: el gasto público descontrolado licúa jubilaciones, ahorros y poder adquisitivo, hasta que un nuevo gobierno llega a "repartir" desde un piso más bajo. Hoy, el Congreso parece dispuesto a dejar que Milei transite este vía crucis, cargando con el costo político de la crisis, mientras se reserva la posibilidad de un juicio político o destitución en el futuro.

Las elecciones de octubre, que ya se sienten como si fueran este domingo, marcarán el rumbo. Pero el mensaje es claro: el Congreso tomó el control, aunque hace todo lo posible para que no se note.