DNU: todo el poder, a trece gobernadores populistas

El debate sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) está en el centro del debate político, pero parece que no todos comprenden la magnitud de lo que se sancionó el miércoles en el Congreso, un cambio que aún debe ser revisado por el Senado. 

Los DNU fueron una herramienta clave en la gobernanza de Argentina desde el retorno de la democracia. Para ponerlo en perspectiva, entre Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández se emitieron cerca de 500 DNU, superando en cantidad a las leyes sancionadas por el Congreso. Nos guste o no, este instrumento es central, incluso cuando su uso desbordó los límites de lo “necesario” y “urgente” que la Constitución establece.

Antes de 2006, los DNU se emitían con absoluta discrecionalidad. Ese año, a instancias de Cristina Fernández, se reglamentó su uso, pero se mantuvo una amplia libertad para el Ejecutivo. Un DNU entraba en vigencia apenas se firmaba y, si ninguna de las cámaras del Congreso lo trataba, quedaba sancionado. 

Además, para rechazarlo, ambas cámaras debían ponerse de acuerdo. Ahora, todo cambia. La reforma aprobada elimina la sanción ficta: un DNU no será válido hasta que el Congreso lo apruebe explícitamente. Basta con que una sola cámara lo rechace para que caiga, y cada DNU podrá tratar un solo tema, no un conjunto de medidas diversas como antes.

Este cambio despoja al Poder Ejecutivo de una herramienta legislativa y política que todos los gobiernos democráticos utilizaron, y lo hace en un momento en que el actual gobierno es el más débil en términos de representación parlamentaria. 

Las consecuencias son profundas, incluso geopolíticas. A partir de ahora, con la voluntad de solo 13 provincias, representadas por sus senadores, se podrá bloquear cualquier DNU, sin importar su propósito. Estas provincias, que podríamos calificar como las más "populistas", representan apenas el 16% de la población (unos siete millones de habitantes), pero tienen un poder desproporcionado en el Senado, donde cada una cuenta con tres senadores. 

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Muchas de estas provincias, algunas creadas en la era peronista, son políticamente hegemonizadas por gobernadores que controlan no solo los dos senadores por la mayoría, sino también el de la “minoría”, que en la práctica responde al mismo poder.

Estas provincias, en general, aportan pocos impuestos porque sus economías privadas son débiles y dependen en gran medida de la coparticipación federal, que las beneficia desproporcionadamente. Esto genera un problema estructural: no tienen incentivos para apoyar reformas que reduzcan impuestos nacionales, ya que esos fondos, provenientes principalmente de provincias más productivas, son los que sostienen sus finanzas. 

Por ejemplo, si el Ejecutivo quisiera bajar impuestos mediante un DNU, estas 13 provincias, que juntas reúnen 39 votos en el Senado (cuando solo se necesitan 37 para rechazar un decreto), podrían bloquearlo sin dificultad.

Pero el poder no se limita al Senado. En la Cámara de Diputados, el conurbano bonaerense, que concentra el 30% de los diputados (70 escaños), también emerge como un actor clave. Este bloque, junto con las provincias menos contributivas, podría frenar cualquier iniciativa de cambio estructural. 

Estamos, entonces, ante una redistribución del poder que favorece a los sectores más dependientes del gasto público y menos interesados en reformas que promuevan eficiencia o reducción del Estado.

El tema es árido, pero crucial. Esta reforma altera un instrumento fundamental con el que se gobernó Argentina durante décadas. Cabe preguntarse si los legisladores de provincias como Córdoba, Santa Fe o Mendoza, que apoyaron esta iniciativa, son plenamente conscientes de sus implicaciones. Porque le están dando una llave de enorme poder a las provincias que viven de los impuestos que se pagan en estas otras provincias y al conurbano bonaerense, donde también hay una serie de diferencias muy objetivas en cuanto a diferentes intereses que hay que defender.

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