Cartón lleno para el tren fantasma del kirchnerismo

Cartón lleno para el tren fantasma del kirchnerismo. En apenas dos días, distintas voces del peronismo dejaron sobre la mesa una oferta política que suena demasiado conocida: debilitar la división de poderes, volver a discutir la deuda como si el default fuera una herramienta virtuosa y reinstalar la idea de que siempre hay una maquinita disponible para financiar el poder.

El primer capítulo lo escribió Miguel Ángel Pichetto. El diputado planteó que el Congreso debería declarar nula la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el fallo que la dejó con prisión domiciliaria, tobillera electrónica e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hasta ahora, el kirchnerismo había insinuado otra salida: que un eventual futuro gobierno pudiera indultar a Cristina. Pero el indulto tiene un problema político para quien quiere sostener el relato de la inocencia absoluta: perdona una pena, no borra una condena. No convierte en inexistente aquello que la Justicia dio por probado.

Pichetto eligió entonces un camino mucho más grave: que el Congreso se meta directamente con una sentencia judicial firme. Es decir, que el Poder Legislativo avance sobre el Poder Judicial y declare inválido un fallo que atravesó todas las instancias. Si eso prosperara, lo que quedaría herido no sería sólo un expediente. Sería la República.

El antecedente que se invoca es el caso Muiña, pero la comparación no resiste demasiado análisis. En 2017, la Corte aplicó el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. La reacción social fue enorme y el Congreso sancionó una ley para aclarar que ese beneficio no correspondía en casos de lesa humanidad. Después, la propia Corte revisó su criterio en otro fallo. No fue el Congreso anulando una condena concreta porque no le gustaba el resultado.

La diferencia es central. Una cosa es legislar hacia adelante o aclarar el alcance de una norma. Otra muy distinta es que el Congreso funcione como tribunal de alzada de las causas que afectan a sus dirigentes. Si esa puerta se abre, no hay límite institucional posible. Hoy sería Cristina; mañana podría ser cualquier condenado con suficiente poder político para juntar votos.

¿Qué ley pretenden dictar? ¿Una que diga que la administración fraudulenta contra el Estado deja de ser delito si la persona condenada fue presidenta? ¿Una que establezca que ciertos liderazgos políticos no pueden ser juzgados por jueces ordinarios? ¿Una que convierta la mayoría parlamentaria de turno en una suerte de Corte Suprema paralela?

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Ni siquiera La Cámpora había llegado a formularlo de esa manera. Y si realmente creyeran que ese era el camino, podrían haberlo intentado cuando tenían más fuerza parlamentaria. Lo que aparece ahora no es una defensa institucional. Es la confesión de una impotencia política: como no pudieron revertir el fallo en la Justicia, buscan hacerlo desde el Congreso.

El segundo capítulo lo aportó Máximo Kirchner. El diputado sostuvo que, si la Argentina no reestructura su deuda externa, no tendrá posibilidades de cumplir con muchas de las promesas que hacen quienes quieren gobernar. Dicho con cuidado: no pronunció literalmente la palabra default. Pero el mensaje político vuelve a poner sobre la mesa la idea de que la deuda es el obstáculo que debe correrse para que el peronismo pueda volver a prometer gasto, subsidios y distribución sin explicar de dónde saldrán los recursos.

Y lo dijo justo en un momento en el que la Argentina intenta reconstruir algo de crédito. El riesgo país cayó a niveles que no se veían desde 2018. El fallo por YPF dejó de representar, al menos por ahora, una amenaza gigantesca sobre las cuentas públicas. El Gobierno viene pagando vencimientos, comprando dólares con superávit fiscal y tratando de demostrar que puede ordenar las cuentas sin volver a patear el tablero.

En ese contexto, el mensaje de Máximo Kirchner no es menor. Es la vieja música: la deuda como excusa, la reestructuración como palabra elegante y el default como fantasma siempre disponible. La Argentina ya conoce esa película. También conoce sus consecuencias: aislamiento, crédito cerrado, inflación, caída de la inversión y más pobreza.

El tercer reflejo es el de siempre: volver a encender la maquinita. Porque detrás de ese discurso también aparece la promesa de repartir recursos sin respaldo, financiar gobernadores, sostener estructuras políticas y reconstruir poder territorial con plata que el Estado no tiene. Es el método que durante años se presentó como sensibilidad social y terminó en inflación para los que menos tienen.

Lo llamativo es que todo esto se diga casi sin disimulo. En apenas dos días, el kirchnerismo dejó ver sus tres pulsiones más peligrosas: si la Justicia condena a los propios, se la desconoce; si la deuda incomoda, se la reestructura otra vez; si no hay plata, se imprime.

Es difícil encontrar una fórmula más perfecta para volver al fracaso. No hay allí una propuesta de futuro, sino un manual de regreso al pasado. Un pasado de instituciones forzadas, cuentas públicas rotas, deuda impaga y emisión sin control.

Por eso conviene prestar atención. No son frases sueltas. No son exabruptos aislados. Son señales. Y si esa termina siendo la oferta electoral para 2027, la Argentina ya sabe de qué se trata: no es renovación, no es épica, no es reparación histórica. Es el tren fantasma de siempre, pasando otra vez por la misma estación.

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