Salta exige ley de derribo por invasión de narcoavionetas desde Bolivia

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un pedido dirigido al Gobierno nacional para reforzar la protección del espacio aéreo ante el ingreso masivo de avionetas vinculadas al narcotráfico desde Bolivia. La sesión incluyó la proyección de un video en el que el diputado provincial Gustavo Orozco realizó un vuelo sobre la frontera y el corredor hasta el sur provincial, y denunció la ausencia de controles efectivos en toda la ruta.

Orozco, ex jefe de la brigada de investigaciones de Rosario de la Frontera, relató a Cadena 3 que el recorrido se realizó “desde Mosconi, hasta el límite con Bolivia en la zona de Salador Massa”, y luego sobrevoló “toda la frontera” antes de seguir el trayecto habitual de las avionetas narco hasta Rosario de la Frontera. El legislador afirmó que la travesía demandó aproximadamente dos horas y media y aseguró: “Al aterrizar no tuve ningún tipo de control. Está claro: es el medio más seguro para traer la mercancía ilegal, que en este caso es cocaína que viene de Bolivia”.

La sesión también contó con la voz de la diputada provincial Socorro Villamayor, quien advirtió que “sin radarización y sin un marco legal Argentina sigue siendo una ruta del narcotráfico y del contrabando”. Para Villamayor, la solución pasa por una política de Estado permanente que incluya “protocolos de acciones progresivas y graduales de control del espacio aéreo” y una ley nacional que permita neutralizar y proteger el cielo fronterizo más allá de los gobiernos de turno.

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Rutas, pistas clandestinas y aeroclubes

En su testimonio Orozco detalló los puntos de despegue y las modalidades de la actividad: parajes como Camotero y Crevao, localidades como Villamonte o la frontera boliviana en Yacuiba aparecen como focos de salida; las avionetas ingresan y luego aterrizan en fincas privadas o en aeroclubes, algunos cercanos a las rutas provinciales 3 y 34, que comunican con Santiago del Estero. “Tienen que llevar bastante combustible”, explicó el diputado, por lo que muchos vuelos se limitan a esos corredores que facilitan la logística terrestre posterior.

Orozco puso énfasis en la magnitud del fenómeno: según especialistas en aviación citados en la sesión, para que una avioneta sufra un desperfecto —y por eso sea detectada— tendría que pasar diez veces la cifra de las que efectivamente caen; “imagínese la cantidad de avionetas que han pasado”, dijo, usando la metáfora de quien no puede cazar una paloma que vuela a 100 metros de altura para ilustrar la incapacidad de interceptarlas sin herramientas adecuadas.

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El reclamo: ley de derribo y radarización

La iniciativa aprobada por la Cámara salteña solicita al presidente Javier Milei y al Congreso la sanción de una normativa que refuerce el control aéreo y habilite protocolos claros —entre ellos la posibilidad de identificación y derribo en casos extremos— como ya ocurre en otros países de la región. Esa propuesta, advirtieron los legisladores, implica discutir riesgos y límites: autorizar a las fuerzas a identificar y, en última instancia, abatir una aeronave no identificada plantea dilemas legales y operativos por los peligros que conlleva.

Villamayor subrayó que la protección del espacio aéreo no puede separarse del trabajo en tierra: “De nada sirve trabajar en la parte terrestre si vamos a tener descuidados el espacio aéreo”, dijo, y reclamó que otras provincias fronterizas se sumen al pedido para que la medida tenga carácter federal y perdure en el tiempo.

Impacto social y respuesta institucional

La sesión reflejó la preocupación social en Salta: las autoridades locales y vecinos perciben el fenómeno como una amenaza constante —“llueve droga”, resumió un legislador en la discusión— que supera la capacidad de respuesta actual. El Ministerio de Seguridad nacional y las Fuerzas Armadas son los actores centrales de cualquier esquema de radarización y control aéreo; por eso, la solicitud provincial apunta a que esos organismos y el Congreso incluyan la cuestión como prioridad.

Según los legisladores, la evidencia presentada en el hemiciclo —el video del sobrevuelo y otros informes— refuerza la impresión de que hoy el espacio aéreo nortina está “perforado” y que solo una combinación de medidas técnicas (radarización, sensores, patrullaje aéreo), legales (marco normativo claro) y de cooperación regional podrá modificar la realidad.

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Investigación y debate pendiente

La propuesta fue aprobada en el parlamento provincial y será remitida a la Nación para su consideración. Los diputados pidieron, además, mayor coordinación interjurisdiccional y diálogo con las fuerzas federales para definir protocolos de actuación. El debate abierto exige ahora precisión técnica —qué instrumentos se necesitan, costos y responsabilidades— y político: hasta qué punto se autoriza el uso de la fuerza aérea sobre territorio nacional.

Informe de Elisa Zamora.