Imputaron a un exministro de Rodríguez Saá por presunto enriquecimiento ilícito

El ex ministro de Desarrollo Social de San Luis, Nicolás Anzulovich, fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito tras la audiencia de formulación de cargos que se concretó luego de tres intentos fallidos previos.

La acusación fue presentada por el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí y convalidada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien además declaró la causa como compleja y dispuso medidas de coerción por el plazo de seis meses.

La investigación apunta a determinar si Anzulovich registró un incremento patrimonial injustificado entre 2019 y 2023, período en el que integró el gabinete del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá. En esos años se desempeñó como coordinador de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) y luego como ministro de Desarrollo Social.

De acuerdo con la información publicada por El Chorrillero, el fiscal sostuvo que en la pesquisa se detectaron adquisiciones de vehículos de alta gama, movimientos financieros sin trazabilidad y falta de documentación sobre el origen de determinados fondos.

Entre los bienes bajo análisis figuran vehículos de las marcas RAM, BMW y Ford Bronco, además de una propiedad ubicada en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida.

Según la pericia contable, el monto atribuido a presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito tiene un piso de $9.438.429, aunque los investigadores no descartan que la cifra sea mayor a partir del análisis de todas las operaciones detectadas.

El informe pericial concluyó que el incremento patrimonial verificado no guardaría relación con los ingresos lícitos declarados por el ex funcionario. También señaló que sus egresos habrían superado ampliamente su capacidad económica declarada y que no se detectó actividad económica privada que pudiera justificar esos movimientos.

Durante la audiencia, la defensa de Anzulovich presentó un planteo de nulidad al cuestionar la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi. Tanto el fiscal Assat Alí como el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, consideraron que esos planteos formaban parte de una estrategia dilatoria. Finalmente, el juez rechazó la nulidad y ordenó continuar con la audiencia.

Anzulovich, que asistió acompañado por su abogado Cristóbal Ibáñez, se abstuvo de declarar luego de que la querella solicitara la prisión preventiva.

La Fiscalía pidió la apertura de la Investigación Penal Preparatoria y solicitó una serie de medidas de coerción: firma mensual del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia, inhibición general de bienes y suspensión preventiva de sus funciones como empleado judicial.

Assat Alí argumentó que la suspensión era necesaria porque Anzulovich, por su acceso al sistema judicial y sus contactos, podría frustrar medidas sobre su patrimonio.

La defensa rechazó la imputación y calificó como “irrisorio” el monto determinado por la pericia. Ibáñez negó la existencia del delito, cuestionó la validez del informe patrimonial y sostuvo que varios profesionales se negaron a intervenir en la causa por temor a represalias.

Por su parte, el abogado Nedo Gómez consideró que las medidas de coerción eran “abusivas y estigmatizantes” y advirtió sobre el impacto del proceso judicial en la imagen pública del ex ministro.

Tras escuchar a las partes, el juez Flores Leyes resolvió imponer la firma mensual, la prohibición de salida de la provincia y la inhibición general de bienes, al considerar la posible existencia de un daño al patrimonio del Estado por la naturaleza del delito investigado.

Sin embargo, rechazó la prisión preventiva y la suspensión de sus funciones judiciales, al entender que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios. Además, sostuvo que apartarlo preventivamente de su empleo afectaría su derecho al sustento.

Informe de Alejandro Heredia.