Sin gas para producir: la incongruencia que inquieta a la industria

Luis Macario no suele levantar el tono. Quienes lo conocen saben que el presidente de la Unión Industrial de Córdoba es un dirigente medido, prudente y consciente del peso de cada palabra. Por eso, cuando advierte públicamente que hay industrias cordobesas obligadas a restringir hasta el 50% de su consumo de gas en pleno mayo, conviene prestar atención.

La industria de Córdoba atraviesa un momento crítico. No se trata de reclamar una protección artificial del Estado ni de pedir privilegios sectoriales. El planteo es más básico: poder producir. Y para eso, en muchos casos, el gas no es un complemento; es un insumo esencial.

El reclamo de Macario agrega un punto sensible a una agenda que ya venía cargada. Los industriales cordobeses sienten que el modelo económico del Gobierno nacional no sólo no los contempla, sino que parece asumir con indiferencia la suerte de muchas empresas. En particular, de aquellas vinculadas a sectores como la metalmecánica, la maquinaria agrícola, la producción autopartista y la actividad metalúrgica, que forman parte de la identidad productiva de Córdoba.

Pero lo que expuso el titular de la UIC introduce una diferencia importante. Una cosa es discutir el rumbo económico general del Gobierno, su apertura comercial, su mirada sobre la competitividad o su falta de preocupación por empresas que considera inviables. Ese debate es político, económico e ideológico. Otra cosa muy distinta es que industrias con contratos firmes de provisión de gas, por los que pagan un costo diferencial para evitar interrupciones, reciban igualmente la orden de restringir el suministro.

Ahí ya no hablamos sólo de modelo. Hablamos de gestión.

El sistema distingue entre contratos interrumpibles y no interrumpibles. En el primer caso, la empresa paga menos y acepta el riesgo de sufrir cortes ante situaciones de escasez o mayor demanda. En el segundo, paga más precisamente para tener garantizado un suministro continuo, porque su proceso productivo no puede detenerse sin consecuencias económicas.

Si una industria firma y paga un contrato no interrumpible, pero de todos modos debe reducir a la mitad su consumo, hay una falla grave. Más aún en mayo, con los primeros fríos, cuando el invierno todavía no desplegó su mayor presión sobre la demanda energética.

Argentina celebra récords de producción y exportación de gas. Vaca Muerta aparece, con razón, como una de las grandes promesas de desarrollo del país. El futuro gasoducto hacia Punta Colorada, en Río Negro, alimenta expectativas de un salto exportador capaz de transformar la economía argentina. Pero mientras se proyecta ese horizonte de abundancia, algunas fábricas cordobesas enfrentan restricciones para producir hoy.

Esa contradicción no es menor. El país que sueña con exportar gas al mundo no puede permitir que su industria local se detenga por problemas de abastecimiento, menos aún cuando existen contratos firmes de por medio.

La advertencia de Macario incomoda porque viene de alguien que no habla desde la estridencia. No es una declaración altisonante ni un reclamo improvisado. Es la señal de alarma de un sector que siente que quedó fuera del radar oficial y que, además, empieza a padecer problemas concretos de administración energética.

Si el Gobierno cree que muchas industrias deben adaptarse o desaparecer, deberá hacerse cargo de esa definición política. Pero si empresas que están produciendo, invirtiendo y pagando más caro por un servicio garantizado se quedan sin gas, el problema ya no puede justificarse en nombre de la competitividad.

Ahí lo que falla no es el mercado. Falla la gestión. Y cuando falla la gestión en un insumo estratégico, el costo lo pagan la producción, el empleo y la economía real.