Dudas y certezas sobre la Caja en la República de Córdoba

A caballo de un proyecto de iniciativa popular que reunió 38.000 firmas que presentó un grupo de jubiladas para reclamar el pago del 82% móvil, el bloque peronista ingresó a la Unicameral una iniciativa que aplicará un severo ajuste salarial vía aportes personales por hasta el 8% a los trabajadores estatales, pagará un adicional no remunerativo a un grupo de jubilados que hoy ganan alrededor de $1.300.000 y declaró la emergencia financiera y económica por al menos cinco años de la Caja de Jubilaciones.

La iniciativa se presentó pasado el mediodía con un escaso -pero no por ello menos álgido- debate en comisión. Pasada las 20 fue llevada al recinto, donde se aprobó cerca de la 1 de la madrugada. La sesión fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el debutante presidente provisorio Juan Manuel Llamosas.

Desde el oficialismo se aseguró que es “un proyecto redistributivo” mientras que la oposición se aseguró que “no tiene nada de beneficios para los jubilados” y trabajadores estatales cordobeses.

Recorte y compensaciones

La flamante ley habilita al gobernador Martín Llaryora a aumentar los aportes personales de los activos por hasta el 8% “conforme a escalas y graduaciones que determine la reglamentación”. Esas escalas no fueron transparentadas.

En su artículo 4, establece que “se contemplará” el pago de un bono no remunerativo que “compense la reducción del cálculo del haber”; originado por los mayores aportes.

Además, permite al Ejecutivo a “graduar o eliminar” las alícuotas del aporte solidario de la denominada “pensión por viudez”.

Desde la Provincia se asegura completar vía bonos ese 82% (no está dicho pero se entiende que será del neto) a unos 60.000 jubilados que ganen en torno al $1.300.000.

Sobre el recorte del 20% de pensiones de cónyuges, desde HUC indicaron que del total de 25.000 beneficiarios de ese universo, unos 11.000 dejarán de tener ese recorte.

“No es un proyecto contra los jubilados sino para cuidar a los jubilados. Hay que cuidar a los jubilados que están en la base. Es un proyecto redistributivo”, dijo al principio del debate la legisladora Nadia Fernández (PJ), reelegida como vicepresidente de la legislatura.

“Esta ley no tiene nada de beneficios para los jubilados. Tiene una afectación clara a cómo se calculan las jubilaciones y una afectación a los trabajadores estatales. Son laxos con los poderosos y le mienten a los que menos tienen, son perversos”, disparó Brenda Austin (UCR), una de las más incisivas.

“Están tratando de enfrentar a la sociedad con un grupo de trabajadores, entre los que están médicos y enfermeros por los que el gobernador pidió un aplauso o maestros municipales que dan clases en barrios vulnerables”, lanzó Walter Nostrala (FC).

“(Martín) Llaryora está solucionando el déficit al tiempo que le está poniendo plata en el bolsillo a los jubilados que menos tienen”, defendió Facundo Torres Lima, el presidente de la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba.

“Lo que están haciendo es un robo. El problema no es la Caja, es el peronismo administrando la Caja”, disparó Alejandra Ferrero, la presidente de la bancada radical.

Dudas de opositores y gremios

Muchos interrogantes surgen sobre un proyecto que se gestó públicamente al mediodía y se parió pasada la medianoche.

Si de los 116.000 jubilados provinciales los beneficiados son 60.000 ¿Es buena noticia que 56.000 sufran recortes en sus ingresos? ¿Qué piso se establecerá para aquellos que tengan un mayor ajuste? ¿La ley abre la puerta a una mayor litigiosidad que le cueste más a la Provincia en el largo plazo?

Hay algunas más… ¿El principal responsable de la situación de la Caja es la Nación porque no paga la deuda? ¿La legislatura acaba de asegurarle a Llaryora en manejo total del sistema previsional? ¿El déficit real de la Caja es de $246.000 millones pero está inflado por los intereses que la Provincia le cobra a la Caja como dice un informe del Tribunal de Cuentas? ¿Por qué en mayo cuando se firmó el acuerdo la Provincia decía que el rojo con Nación eran $20.000 millones mensuales y anoche el presidente del bloque del PJ dijo que esa deuda eran $35.000 millones si la inflación en ese período fue del 12%?

Otra que no se aclaró durante el debate fue la siguiente: ¿Cuál es el haber mínimo que será tomado como base de cálculo para aplicar el aporte del 20% para las llamadas pensiones por viudez? ¿Los $290.000 que sostuvieron algunos opositores? Y la más relevante: ¿Cuánto ahorra en total la Provincia con esta ley?

La jornada que comenzó con masivas protestas de gremios en las calles por los recortes anunciados dejó muchas dudas, pero una certeza.

A saber: un problema central de las finanzas públicas de la provincia fue tratado ayer por los legisladores con un proyecto que el gobierno de Llaryora ingresó por la ventana, tramitó a los empujones y aprobó dejando varias puertas abiertas donde pueden entrar el viento de la discrecionalidad. Todo, en la República de Córdoba.