Nuevo gobierno
12/12/2023 | 23:40
Redacción Cadena 3
El Gobierno prepara una serie de decretos que saldrán este miércoles y un paquete de leyes, mientras el Banco Central publicará una "salida" para la deuda comercial de empresas y la gigantesca bola de Leliqs.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, recibirá este miércoles a los principales banqueros del país para explicarles los detalles de la operatoria.
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El ajuste de Javier Milei representará un recorte de unos U$S150.000 millones, el 3% de un Producto Bruto calculado en U$S500.000 millones.
No sólo será una abrupta baja del gasto público, sino también un aumento de impuestos a importaciones (PAIS) y también a las exportaciones (retenciones).
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Fuentes del Ministerio de Economía confiaron en que el ancla fiscal será "inmediata", por lo que el desequilibrio financiero del 5,2% de Producto Bruto se terminaría en un año.
A eso se sumará que el Banco Central (BCRA) anunciará este miércoles un plan para la deuda comercial de las empresas y los pasivos remunerados.
El objetivo será secar aun más la cantidad de liquidez en la economía.
Según detallaron en Economía, tras el salto del dólar a $800, se fijará el tipo de cambio con una depreciación mensual calculada en un 2 por ciento.
En Economía, admiten que la inflación subirá fuertemente en una primera etapa y habrá una recesión. "Estanflación", la llamó Milei.
Además, para bajar el gasto público habrá quitas de subsidios a la energía y el transporte. Se aplicarán desde febrero próximo.
También se subirán las retenciones de todos los productos al 15% (menos la soja, que estará en un 30%), habría una "reversión" de los cambios en Ganancias -trabajadores de altos ingresos podrían volver a tributar-, y un programa de adelanto del pago del impuesto a los Bienes Personales con una alícuota preferencial.
Como anunció el ministro Luis Caputo, para contener a los más vulnerables, habrá una duplicación de la AUH y subirá 50% la Tarjeta Alimentar, a través de decretos que se publicarían este miércoles en el Boletín Oficial.
Caputo también anunció que dejarán de existir las SIRA (los permisos de importación).
En esa línea, se mantendrá el cepo cambiario y la economía funcionará, con una actualización, con el presupuesto aprobado de 2023.
Para llegar a marzo, en el equipo económico que conduce Luis Caputo estiman que las cerealeras –incentivadas por un ancla nominal casi fija y un nuevo tipo de cambio- tendrán un incentivo a liquidar unos US$5.000 millones.
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Para la exportación, el dólar será de $860, en un esquema para liquidar 80% en el Mercado Único y Libre de Cambios (con nuevo valor a $800) y 20% en el Contado con Liquidación (CCL).
Las importaciones se moverán con un dólar a $940, porque el impuesto PAIS subirá de 7,5% a 17,5% (para bienes y servicios).
El llamado “dólar tarjeta” (pagos en dólares en el exterior o de servicios en el extranjero) seguirá existiendo, pero con cambios. Mantendrá las percepciones de Ganancias y también el impuesto PAIS, y costará ahora $1.320.
Economía espera recaudar con la suba del impuesto PAIS un 0,8% del PBI (este gravamen está vigente hasta diciembre de 2024); con las retenciones adicionales de 15% a todos los productos, 0,5%; con una reversión de la reforma de Ganancias, un 0,4%; con los proyectos de blanqueo, Bienes Personales y la moratoria, un 0,5%. En total, son 2,9 puntos del producto.
En tanto, con relación a los gastos, se bajará en jubilaciones y pensiones un 0,4% del PBI; con las transferencias corrientes a provincias, 0,5%; con subsidios económicos, 0,7%; gastos de capital (obras), 0,7% del PBI; programas sociales intermedios, 0,4%; gastos de funcionamiento y otros, 0,5%; y programas sociales sin intermediarios, 0,3%.
Según se explicó, la reducción de subsidios al transporte y a la energía mantendrá la segmentación. Se trabajará para poner el foco de estos subsidios en la demanda y no en la oferta.
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El Gobierno buscará modificar la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral.
Mientras tanto, definirá aumentos por decreto, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.
La propuesta deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley.
La explicación para promover este cambio es que "el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y, por tal motivo, debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley", según consta en una publicación de Infobae.
Más allá de que el pago de las jubilaciones impacta en las arcas del Tesoro y por esta razón Economía tiene un papel principal en esta propuesta, desde otros sectores oficiales no estarían de acuerdo con esta línea.
La Ley de Movilidad Previsional, que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES por beneficiario y 50% de la variación de los salarios.
Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el RIPTE (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del INDEC.
En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
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