Un derecho de todos
08/07/2022 | 13:05 | La Justicia ordenó al Gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación. Celeste Fernández de ACIJ explicó los detalles de esta medida y su impacto.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada.
El Juzgado de Primera Instancia a cargo de la jueza Patricia Lopez Vergara, declaró "la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno -porteño-", y le ordenó "presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva”. No obstante, la ciudad apeló la sentencia y ahora hay que esperar qué decide la Cámara de Apelaciones.
Celeste Fernández, abogada, docente y directora adjunta de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) sostuvo en diálogo con Diversidad que es “grave” que el gobierno de la Ciudad haya apelado porque “convalida una situación actual que son las personas con discapacidad y sus familias recorriendo escuelas y esperando que los reciban".
“Es un derecho básico para estas familias y no es garantizado. Termina siendo que las escuelas eligen a las personas y no las personas a las escuelas”, lamentó.
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ACIJ fue quien inició un amparo colectivo respecto a la Ciudad en 2019 en defensa de decenas y decenas de familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que peregrinaban año tras año para poder inscribir y matricularlos en una escuela de gestión privada y se debían enfrentar a una negativa y rechazo bajo excusas como falta de vacantes, o falta de preparación.
Cabe recordar que desde el año 2008, en Argentina se debe garantizar el derecho a la educación inclusiva luego de que el país firmara la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional.
“El derecho a la educación inclusiva es el que tienen las personas con discapacidad de asistir a escuelas del sistema llamado común, con los apoyos que necesitan para aprender y participar en igualdad de condiciones”, remarcó Celeste Fernández, desde ACIJ.
Elizabeth Aimar, presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) recordó a Diversidad que desde el 2006 hubo algunos fallos interesantes en torno a las escuelas públicas, lo que generó también un camino importante.
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No obstante, se llegó a la situación actual porque el Gobierno de la Ciudad omitió controlar, fiscalizar, evaluar y generar un protocolo que de alguna manera diera cabida a estas denuncias.
“Confiamos en que finalmente el Estado cumpla con lo que tiene que hacer, que es garantizar la educación inclusiva, en igualdad de condiciones y que se realicen las adecuaciones y los ajustes necesarios”, enfatizó.
El fallo, apelado, pide protocolos para que se eviten situaciones de discriminación en las escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, pero, aseguran que es una medida que puede replicarse en otras provincias y ciudades.
“Algo interesante del fallo es que se toma en consideración estas cuestiones que a la familia las desgasta física y emocionalmente”, reflexiona Aimar y asegura que también pone al tanto la situación irregular que asumía la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada, ante las innumerables denuncias que fueron omitidas y quedaron sin respuesta ante los descargos.
La Educación en la nueva Ley de Discapacidad
Fernández indicó que desde ACIJ participaron de las audiencias para brindar aportes en cuanto a educación inclusiva.
En ese sentido, consideró indispensable que se incluyan cuestiones como evitar los rechazos de inscripción, la implementación de mecanismos de denuncia y creación de servicios de apoyo.
Esta sentencia ataca una barrera que es del ingreso, pero cabe recordar que las barreras continúan también durante la trayectoria educativa. En ese sentido explicó que "es importante crear dispositivos de apoyo como por ejemplo, asistentes para la enseñanza, modificar las formas de educación/clases y la capacitación docente".
“Esperamos que ese proceso culmine en una norma robusta que garantice el derecho a la educación entre otros derechos”, remarcó.
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A dónde recurrir
Ante rechazos en escuelas, las familias se pueden comunicar con ACIJ al 011 438 123 71 o escribiendo un correo a comunicacion@acij.org.ar
Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires implementó un procedimiento específico de denuncias, ante los siguientes canales:
Correo: denunciasmatriculacion.dgegp@bue.edu.ar
0800-333-3382 - Opción 5 (lunes a viernes de 9 a 17 h)
A través de la Plataforma de Tramitación a Distancia
Presencialmente ante la Mesa General de Entradas del Ministerio de Educación de la Ciudad: Perette y Calle 10, lunes a viernes de 10 a 14 h.