Siete causas, tres por asociación ilícita

Opinión

Siete causas, tres por asociación ilícita

13/08/2018 | 12:34 |

La ex presidenta se expresó a través de las redes sociales y aseguró que por la situación económica del país, la Justicia seguirá apuntando contra ella.

Adrián Simioni

Tras declarar en la causa de los “cuadernos de las coimas”, la ex presidenta Cristina Fernández acumula ya siete expedientes por una variada gama de delitos de corrupción que le imputan diversos tribunales.

A estas alturas, una pregunta clave es si algunas o todas estas causas terminarán unificándose.

Una de las causas más avanzadas es la del memorandum firmado con Irán. La ex presidenta está acusada junto a su ex canciller Héctor Timerman de intentar encubrir a exfuncionarios iraníes que la Justicia argentina considera autores intelectuales o partícipes del peor ataque terrorista sufrido por el país. El fallo ya tiene nivel de cámara, tribunal que eliminó la imputación original de traición a la Patria y pidió la prisión preventiva de Fernández, quien no está detenida gracias a los fueros de los que goza como senadora.

También a nivel de cámara está la causa Los Sauces, en la que se encuentra procesada por presuntamente haber simulado alquileres para encubrir coimas y retornos por contratos públicos otorgados a Lázaro Báez y a Cristóbal López.

En otras dos causas está imputada por lavado de dinero: Hotesur y Ruta del Dinero K.

Con la imputación por los Cuadernos de las Coimas, Cristina Fernández acumula ya tres acusaciones por integrar asociaciones ilícitas: las otras dos son las llamadas Obra Pública (haber favorecido ilegalmente al contratista Lázaro Báez) y Los Sauces.

Además, está procesada en la causa del Dólar Futuro, donde está acusada, junto al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, de vender dólares a plazo a precios muy inferiores a los que cotizaban los mercados, causando un grave daño patrimonial al Banco Central, que obligó a la entidad a emitir decenas de miles de millones de pesos para cumplir esos contratos cuando el gobierno de Fernández ya había concluido.