Semino señaló que la ley implicaba un recorte del 45%

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, analizó el fallo de la Corte Suprema que ratificó los haberes iniciales de los jubilados que reclamaban una actualización por el índice Isbic (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) y no por el Ripte (Remuneración imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y dijo que esa ley "implicaba un recorte del 45%".

Según Semino, los efectos del fallo no repercuten en los siete millones de jubilados y pensionados no contributivos y en quienes están en extrema necesidad, sino que "se circunscribe a 150 mil que no aceptaron la Reparación Histórica porque esa ley implicaba un recorte del 45%".

En declaraciones a TN explicó que "en el periodo 1995-2008, el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (ISBIC) dio alrededor del 430% y la Remuneración imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en el mismo periodo, ajusta un 170% (...) Esto en definitiva se traduce en esa quita del 45%, y por eso, esos jubilados litigaron".

El máximo tribunal hizo lugar a una demanda presentada por Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en 2003 y reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada Reparación Histórica.

En este marco, el defensor de la Tercera Edad, apuntó que: "Hay dos círculos. Por un lado los jubilados, relacionados con el caso Blanco, que son 11 mil, cuyos casos con sentencia están en conocimiento de la Corte. Y después hay otros 150 mil, que no aceptaron la reparación y que estarán atados a la doctrina que fije la Corte, y de eso dependerá cómo se genere su liquidación".

Por último anticipó que "la diferencia será de entre 40 y 45% entre lo que pretende el jubilado con la liquidación del ISBIC y lo que quiere Anses, aplicando el RIPTE" y advirtió que de forma inmediata no tiene ningún impacto fiscal porque en el Presupuesto 2019 "la partida para la liquidación de sentencia ya está aprobado".

"Si hubiera algún impacto, se sentiría en 2020. ¿Por qué digo esto? Porque las sentencias, pagadas este año, se hicieron con el ISBIC. Lo que pretende la actual apelación de Anses es hacer una reducción de lo que ya estaba presupuestado. Traduciéndolo: se busca pagar menos sentencias con menos plata", concluyó.